El jefe de la Unidad de Información Financiera justificó la aplicación de la ley antiterrorista contra la imprenta de origen estadounidense Donnelley.
«Un grupo de empresas que integran los fondos buitre intenta aterrorizar a la población, intentando jaquear al Gobierno nacional». Lo dijo hoy José Sbatella en referencia a la quiebra y cierre anunciados el lunes por la imprenta Donnelley, que dejaría sin trabajo a cuatrocientas personas.
Durante una entrevista en radio Del Plata, el jefe de la Unidad de Información Financiera (UIF) justificó la aplicación de la ley antiterrorista contra la empresa de origen estadounidense por actuar de forma fraudulenta: «Hay dos delitos precedentes a esta cuestión que justifican la aplicación de la Ley. La extorsión es uno».
Según Sbatella, la aplicación de la ley contra «delitos que se considera que aterrorizan a la población» podría resultar en la congelación de los fondos de Donnelley por parte de la UIF. «Las penas de estos delitos duplican a las penas comunes», explicó. Los directivos de Donnelley podrían recibir hasta cuatro años de cárcel si se aplica la ley antiterrorista.
El inciso A del artículo 309 del Córdigo Penal, consecuencia de la ley antiterrorista sancionada a fines de 2011 y citado ayer en la denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), dice que será reprimido con prisión de uno a cuatro años de cárcel el que «realizare transacciones u operaciones que hicieren subir, mantener o bajar el precio de valores negociables u otros instrumentos financieros, valiéndose de noticias falsas, negociaciones fingidas, reunión o coalición entre los principales tenedores de la especie, con el fin de producir la apariencia de mayor liquidez o de negociarla a un determinado precio».
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