El fondo Black Rock posee un porcentaje minoritario de acciones en la imprenta, pero también en YPF.
Cristina Kirchner tuvo una noche de furia, visiblemente enojada por la decisión de los buitres y la justicia norteamericana de investigar la procedencia y verdadera propiedad de los millones de dólares que el empresario Lázaro Báez habría camuflado en una compleja red de paraísos fiscales.
«Ya que son tan investigadores los periodistas, que les gusta tanto hacer grafiquitos con flechitas ¿Porqué no investigan quienes están detrás de la imprenta Donelly», dijo la Presidenta en obvia referencia a la investigación que hoy publicó el periodista Daniel Santoro en Clarín sobre la red de sociedad que ocultan los supuestos fondos de Báez, tema que pareció desestabilizarla.
Furiosa anunció que iba a aplicar por primera vez la Ley Antiterrorista con la insólita intención de hacerlo sobre la imprenta estadounidense Donnelley por «alterar el orden económico y financiero» del país.
Durante un acto en la Casa Rosada, la Presidenta vinculó a Donnelley, la empresa que el lunes cerró su planta de Garín y dejó a más de 400 empleados en la calle, con el fondo de inversión Black Rock al que vinculó a Paul Singer. Explicó que el cierre de la imprenta habría sido una maniobra de amedrentamiento y boicot de la economía de los buitres para obligarla a negociar.
Sin embargo, omitió explicar que ese fondo también posee un porcentaje minoritario de acciones en la petrolera estatal YPF. Además, Larry Fink, el CEO de Black Rock fue una de los pocas figuras de primer nivel de Wall Street que apoyaron expresamente a Argentina en el conflicto con los buitres. Fink llegó incluso a presentarse como «amicus curiae» de la Argentina ante los tribunales neoyorkinos en defensa del país y en contra del fallo del juez Thomas Griesa.
«Lo hicieron porque se repartieron con Paul Singer el rol de Policía Bueno y Policía malo», intentó explicar la Presidenta, tamaña contradicción.
Hoy se concretó en Nueva York una reunión para avanzar sobre estrategias de embargos de los fondos buitres, ante la caída de las negociaciones con los bancos internacionales y la certeza que al menos hasta el año que viene, el gobierno de Cristina no negociará.
En ese encuentro estuvieron representantes de NML de Singer, como el abogado Robert Cohen y de la American Task Force Argentina que nuclea a bonistas defaulteados. Allí hubo fuertes amenazas de investigar en todo el mundo los bines de Báez y burlas por el impactante crecimiento patrimonial de la propia Cristina, como bien reveló la periodista Silvina Sterin Pencil que siguió el debate.
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