El juez neoyorkino mantuvo su tono duro con Argentina y rechazó en la audiencia de esta mañana el pedido del Gobierno para pagarle a los bonistas que arreglaron. Instó a “negociar”.
El juez de Nueva York Thomas Griesa no le echó una mano a Argentina el martes al negarse a concederle una medida cautelar que dejaría en suspenso la sentencia que obliga al país a pagar 1.500 millones de dólares a bonistas litigantes.
En su lugar, Griesa ordeno que el país y los bonistas se reúnan de forma continua en Nueva York, con un mediador, hasta llegar a una solución.
«Un `stay’ (medida cautelar) no es algo necesario para la negociación de un acuerdo», dijo el juez en una audiencia con las partes.
Argentina había pedido a Griesa que suspendiera la sentencia al asegurar que le es imposible pagar a los litigantes que no ingresaron a dos canjes de deuda en cese de pagos realizados en 2005 y 2010, los cuales representan 1% del total de los acreedores. El principal litigante es NML Capital Ltd. del multimillonario Paul Singer.
Suspender el fallo significaba además para Argentina poder cancelar obligaciones con los tenedores de deuda reestructurada, que representan más del 92% del total de los acreedores. Griesa congeló ese pago de 539 millones de dólares que Argentina debía realizar el 30 de junio a los bonistas reestructurados al considerar que no era viable si el país no pagaba al mismo tiempo a los litigantes. La situación ha dejado a Argentina al borde de un nuevo default.
Griesa dijo el martes que tal escenario debe evitarse como sea.«Nos queda poco tiempo. Una suspensión de pagos sería algo triste. Una verdadera pena», dijo el juez, que destacó que este un problema que «puede solucionarse».
Jonathan Blackman, el abogado que representa a Argentina, respondió al juez que es imposible llegar a una solución con los litigantes antes del 30 de julio, la fecha en que el país podría caer en cese de pagos.
Blackman dijo que la cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers o Derechos Sobre Futuras Ofertas) es un obstáculo para lograr una solución rápida porque impide al gobierno argentino ofrecer mejores condiciones de pago que las aceptadas por los inversores que ingresaron a los canjes. Esa cláusula vencerá el próximo 31 de diciembre.
Las reuniones que propuso Griesa hoy se llevarán a cabo en las oficinas de Daniel Pollack, el mediador que designó el juez para el caso. Empezarán el miércoles a las 10 de la mañana.
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