Por Jorge R. Enríquez
El juicio político al fiscal José Maria Campagnoli parece destinado, como todas las empresas que inició Cristina Kirchner en su segundo mandato, al fracaso.
Cuando habían terminado las audiencias de prueba y debían producirse los alegatos, una de las integrantes del tribunal de enjuiciamiento, la doctora María Cristina Martínez Córdoba, invocó un problema de salud y debió suspenderse el desarrollo del juicio. Luego pidió licencia por enfermedad y, finalmente, renunció, sin expresar con claridad cuáles eran los motivos.
Fuentes de la defensa han señalado que, aunque en un primer momento la posición de esta jueza era inescrutable – y aún había razones para pensar que votaría contra Campagnoli, porque había acompañado a la mayoría que resolvió su suspensión -, durante el curso de las audiencias, el «clima de sala» les indicaba casi con un grado de certeza que la doctora Martínez Córdoba fallaría en favor del fiscal enjuiciado.
Ese cambio de criterio provenía, según esas fuentes, del resultado de las audiencias de prueba, en las que la acusación no habría logrado probar ni una sola de las imputaciones contra Campagnoli y, por el contrario, la defensa había aportado testimonios concluyentes en su favor.
En ese marco, la licencia y posterior renuncia de la doctora Martínez Córdoba es sumamente sospechosa. O, para decirlo sin vueltas: es casi imposible que la renuncia de esta magistrada obedezca a los motivos de salud invocados, máxime porque no alegó una enfermedad específica sino un vago cuadro de estrés. A horas de la finalización del juicio, la hipótesis de una fuerte presión del gobierno aparece como la hipótesis más probable.
Esa renuncia deja al tribunal sin capacidad de emitir un veredicto, porque no estuvieron presentes en las audiencias los suplentes de los jueces y, por lo tanto, no podría un reemplazante de la magistrada que renunció conocer las pruebas producidas, dado que se trató de un juicio oral.
Por lo tanto, o se inicia nuevamente el juicio o se lo da por concluido, con la inmediata restitución de Campagnoli.
Esto último parece lo razonable y lo que se ajusta a la jurisprudencia de la Corte según la cual las fallas del Estado en la tramitación de un juicio no pueden perjudicar a los imputados. De lo contrario, Campagnoli podría permanecer suspendido «sine die». Bastaría que uno de los jueces renunciara para que todo volviera a fojas cero eternamente.
Es válido disentir con los criterios particulares que en distintas causas a lo largo de su extensa trayectoria haya tenido el fiscal José María Campagnoli. Pero este juicio fue armado por el gobierno nacional para perseguirlo por la osadía de haber investigado a un empresario cuya íntima vinculación con la familia Kirchner es ostensible.
En consecuencia, no es en último término Campagnoli el objeto de este juicio político. Lo que está en debate es la impunidad del poder.
Viernes 11 de julio de 2014
Dr. Jorge R. Enríquez
twitter: @enriquezjorge