El gobierno emitiría un título a dos años para cumplir con el fallo de Griesa que ordena pagarles U$S1500 millones a los holdouts.
En medio de las negociaciones con los fondos buitre, el gobierno analiza la emisión de nuevos títulos de deuda para cumplir con el fallo del juez Thomas Griesa que ordena pagarles U$S1500 millones a los holdouts.
Si bien hasta ahora no hubo una confirmación oficial al respecto, los trascendidos del mercado hablan de un pago con una parte en efectivo y otra en bonos de corto plazo, con un vencimiento a dos años, o de tres como máximo, con los primeros desembolsos a comienzos de 2015.
El problema es que una oferta de este tipo podría despertar nuevos juicios multimillonarios por parte de los bonistas que aceptaron los canjes del 2005 y 2010, porque implicaría la violación de la cláusula RUFO. De ahí que uno de los requisitos imprescindibles para alcanzar un acuerdo es que en la sentencia final de Griesa quede redactada de tal manera que no queden dudas que la Argentina está pagándole a los buitres porque está cumpliendo la sentencia y que no se trata de una oferta voluntaria.
En ese sentido, el magistrado tiene una responsabilidad enorme porque el arreglo sentará jurisprudencia de ahí en adelante, por lo que el escrito deberá ser taxativo.
Lo cierto es que la jugada del gobierno de girar la plata para pagarle a los tenedores de deuda argentina, lo obligó a Griesa a frenarlo para no embargarlo y evitar mandar a la Argentina al default. Además, si el magistrado optaba por captar los fondos hubiera roto con el pari passu, que consiste en darle un tratamiento igualitario a los acreedores. Así, consiguió sentar a las dos partes para llegar a un acuerdo antes del 30 de julio, cuando vence el período de gracia antes de entrar en cesación de pagos.
En el sistema financiero descuentan que el arreglo está cerca y por eso el precio de los activos criollos no para de subir. Lo curioso es que este movimiento alcista-algo habitual en este tipo de procesos- viene prolongándose desde hace varias semanas, a pesar de que la situación del país no es la mejor: tiene un fallo durísimo en contra que fue ratificado por la Cámara y la Corte Suprema, y la sombra del default todavía sigue acechando. Incluso el ministro de Economía Axel Kicillof hizo trascender que, si los holdouts no aceptan la propuesta, el plan B es ir a un default directo, o «selectivo», tal como lo plantea con sus particulares palabras.
Sin embargo, las “tomas de ganancias” en el mercado siguen a la orden del día, incluso más que en otros momentos de alza, algo que el presidente del Banco Central Juan Carlos Fábrega destaca en privado.
“Se está haciendo mucha plata, más de lo habitual”, reflexionaba una fuente de la city porteña, lo que acaso muestre que hay un jugador con peso internacional moviéndose por detrás, con información de que las posiciones se estarían acercando, mientras el gobierno y los buitres no aflojan con los cruces públicos.
De todas formas, como sucedió con el Club de París y Repsol, la “normalización” de este último frente externo que aún está abierto no estará exento de polémicas. En este caso, la exigencia de un plazo corto en el título a emitir, para que el papel pueda ser convertido rápidamente en cash-de hecho, la sentencia de Griesa obliga a hacer el pago en efectivo-, podría causar nuevas reacciones de la oposición.
Según pudo saber LPO de fuentes cercanas al gobierno, en el entorno de Kicillof existe temor porque este bono deberá cancelar U$S1500 millones en, como mucho, tres años. Y a diferencia de lo que se hizo con el grupo español para compensar la expropiación de YPF, cuando se lanzó un título de deuda nuevo a diez años, en este caso al ser un bono de corto plazo el impacto sobre las reservas va a ser mayor y, seguramente, no sea el mejor arreglo para el país.
El lunes Kicillof encabezó la comitiva oficial que viajó a Estados Unidos para reunirse con el mediador designado por el veterano juez, Daniel Pollack. El próximo encuentro será mañana, pero esta vez el titular del Palacio de Hacienda decidió no asistir. Mientras tanto, un grupo de lobbistas de los fondos buitre arribó a Buenos Aires y se reunió con periodistas, aunque aclararon que no habrá contactos con funcionarios.
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