El gobernador echó a agentes que pretenden agremiarse. Es la primera aplicación de la ley antimotines.
Después de los terribles sucesos ocurridos en la noche del 3 al 4 de diciembre del año pasado, cuando un amotinamiento policial dejó a la ciudad de Córdoba en manos de los delincuentes –y a la carrera presidencialista del gobernador en un punto muerto-, José Manuel de la Sota decidió actuar rápido y cesanteó a 23 agentes que participaron de una reunión para agremiarse.
Aquellos incidentes del verano pasado llevaron hasta un escalón muy bajo la imagen de De la Sota en la provincia de Córdoba, y logró recuperarse parcialmente porque se victimizó a manos del kirchnerismo, que en un primer momento le negó ayuda de la Gendarmería. Luego, ayudó la crisis política del intendente Ramón Mestre, que distrajo la atención hacia la Municipalidad.
Pero en el Panal (la Casa de Gobierno cordobesa) calculan que será muy difícil recuperarse de otro bochorno similar.
El gobierno de Córdoba entiende que la agremiación policial no está permitida por las leyes vigentes, por lo que fue duro con los que participaron de una reunión realizada en la ciudad de Villa María.
Además, acusó a los policías de provocar incidentes con sus superiores, cuando éstos fueron a disuadirlos.
Las sanciones son la primera aplicación de la ley antimotines, que fue sancionada en febrero por la Legislatura provincial, ni bien se abrió el período ordinario de sesiones.
De la Sota señaló en un decreto que “las personas involucradas, en el marco de un acto de carácter gremial o sindical no autorizado para el personal policial y expresamente prohibido para el personal penitenciario, participaron de una posterior situación violenta, hostil y tumultuosa, avalando las agresiones físicas y descalificaciones verbales hacia los superiores que se apersonaron en el lugar”.
El gobernador agregó que “tales inconductas son consideradas una falta gravísima ya que importan el quebrantamiento voluntario y deliberado de la sujeción al mando de las autoridades de la fuerza y al régimen jurídico y disciplinario a los que se encuentran sometidos, afectando el buen nombre y prestigio de la Institución Policial y Penitenciaria”.
Por tal motivo, determinó “es decisión del Poder Ejecutivo disponer la sanción segregativa y la consecuente baja de la institución del personal que participó de estos actos de indisciplina. El personal retirado que participó de estos hechos dejará de pertenecer a la fuerza y perderá todos los derechos que las leyes y decretos reglamentarios le otorgan, con excepción de los derechos previsionales y asistenciales adquiridos”.
Aunque el gobierno delasotista no le reconoce entidad, en Córdoba existe la Unión de Policías y Penitenciarios, que trabaja por la agremiación de los agentes de la seguridad. Tres de sus integrantes quedaron detenidos por orden del fiscal Gustavo Atienza, aunque dos de ellos luego recuperaron la libertad.
Uno de ellos es Claudio Cisneros, un policía retirado que en la gestión anterior de De la Sota (2003-2007) encabezó un motín policial.
Aquella protesta fue adjudicada al juecismo, ya que Cisneros es un afiliado radical que por entonces aparecía como cercano a dirigentes que habían migrado al Partido Nuevo de Luis Juez.
Cisneros, de todas formas, continuó adelante con sus planteos y formó la UPP; que ahora jaquea otra vez al gobierno delasotista.
Ahora, Cisneros recuerda que las cesantías de De la Sota no salieron para otros policías procesados, por ejemplo, con motivo del narcoescándalo.
lapoliticaonline.com