La trascendencia de la negociación que acaban de empezar el juez Thomas Griesa, el gobierno argentino y un grupo de holdouts encabezados por el NML de Paul Singer está más allá de toda duda. El giro cristinista hacia la solución de las crisis del frente externo está construyendo una pesada herencia para el próximo gobierno. En menos de un año, el Gobierno ‘emitió’ deuda por más de u$s 15.000 millones (entre Repsol, Club de París y CIADI), más lo que se suscriba con los ‘holdouts’. Si, una vez cerrado trato con los buitres, el gobierno lograra colocar otros u$s 10.000 millones en el mercado de bonos, sólo alcanzaría para cubrir los vencimientos del próximo año de la nueva deuda y del Boden 2015. En el itinerario de las negociaciones en marcha juegan distintos factores con peso propio: por ejemplo, la posibilidad de embargos a activos del Estado Nacional, la posición que tomarán los bonistas que no entraron en la reestructuración de la deuda y las concesiones que pueda hacer o no Griesa, como por ejemplo rechazar el planteo que hizo la Argentina para reponer la medida cautelar -”stay”- que, hasta antes del fallo de la Corte Suprema, mantenía congelada la posibilidad de un embargo a los bienes del país en el exterior ante los fallos a favor de los holdouts. Como los tenedores de bonos en default ya tienen a su favor los fallos firmes que ordenan a la Argentina pagarles lo que reclaman, los analistas estiman que es probable que Griesa haga caso a su pedido.
La complejidad de la batalla en desarrollo es tan grande que, por lo pronto, tuvo un efecto positivo para el gobierno: hizo que los casos de Ciccone, Báez y Liuzzi pasaran a segundo plano en un momento en el cual el gobierno se veía literalmente acosado por la profundización de las causas.
Un compromiso difícil
El caso es que ahora, algunos asesores de la presidente intentarían optimizar el aprovechamiento de la crisis por la deuda como neutralizador del avance de la justicia sobre la corrupción oficial. Según el artículo 306 del Código Procesal Penal, “en el término de diez días a contar de la indagatoria, el juez ordenará el procesamiento del imputado siempre que hubiere elementos de convicción suficientes como para explicar que existe un hecho delictuoso y que aquél es culpable como partícipe de éste”. La práctica jurisprudencial ha flexibilizado notablemente esta norma, al punto que en los últimos tiempos se conocen casos de procesamientos resueltos recién un año después de tomada la indagatoria. La necesidad de valorar distintas pruebas y nuevos elementos justifican este tipo de demoras. La realidad es que al menos un operador judicial de la Casa Rosada se habría comunicado con el entorno del juez Ariel Lijo para transmitirle a éste una sugerencia. La misma parte de analizar que en esta difícil negociación con los holdouts y contando con el fallo adverso de Griesa, el procesamiento del vicepresidente de la Nación sólo serviría para debilitar la posición del gobierno en la negociación, desde el momento que crearía la presunción de que la Argentina se encuentra al borde de una crisis institucional con el número dos del Ejecutivo al borde -al menos técnicamente- del juicio oral. La expectativa sería entonces que Lijo congele su decisión sobre los procesamientos en la causa Ciccone hasta tanto la negociación en Nueva York llegue a un punto de acuerdo definitivo. La contribución “patriótica” que el kirchnerismo esperaría de Lijo no habría encontrado, al menos hasta ahora, ninguna señal positiva del juez. La tardanza en resolver en el caso Ciccone, que está envuelto en todo tipo de sospechas, no es una tarea fácil de sobrellevar para ningún magistrado.
Carlos Tórtora/informadorpublico.com