La familia del joven Maximiliano Díaz Subils, muerto en la seccional Sexta exige que se impute a Oscar Desiderio, ex titular de la dependencia
La familia de Maximiliano Díaz Subils, el joven muerto en la comisaría de Tolosa en el año 2006, solicitó que se impute al comisario Oscar Desiderio quien estaba al frente de la seccional al momento del hecho.
La presentación fue hecha ante el fiscal Alejandro Marchet por uno de los abogados de la Asociación Civil Miguel Bru (AMBru), entidad patrocinante de la familia del joven fallecido, según informó el portal Tintajudicial.com.
La causa había sido elevada a juicio oral por el fiscal Carlos Vercellone, pero la familia Díaz Subils pidió la nulidad del requerimiento, medida que fue avalada por el juez de Garantías, César Melazo.
El expediente arribó a la fiscalía 12 de delitos culposos, a cargo del mencionado Marchet, quien ya procesó a varios médicos y policías por la muerte de Maximiliano.
Desde la AMBru sospechan que Desiderio podría ser acusados de “encubrimiento y falsedad ideológica de instrumento público”.
La entidad emitió un comunicado que a continuación se reproduce de manera textual. “Maximiliano murió un 19 de febrero, envuelto en una frazada en el patio de la Comisaría 6ta de Tolosa, después de agonizar 14 horas. Estaba detenido hacía menos de cuatro meses y sufría una infección pulmonar que le fue mal diagnosticada y mal tratada. Los médicos lo discriminaron, lo ignoraron. Y los policías lo maltrataron, incluso pegándole en los testículos para que no moleste más con el pedido de ir al hospital. Tras ocho años de una investigación preliminar que atravesó serios obstáculos y dilaciones, a comienzos de este año, el caso fue asumido por el Fiscal Alejandro Marchet, quien imputó y llamó a declarar a tres médicas por homicidio culposo y a un médico del Hospital San Roque y tres efectivos de la Bonaerense, por abandono de persona seguido de muerte, imputación que prevé penas de entre 5 y 15 años de reclusión o prisión. Además otros dos funcionarios están imputados por falsedad ideológica y encubrimiento y coacción agravada.
Ahora se espera que el Fiscal considere imputar también al ex capitán Desiderio. Inmediatamente a la muerte de Maximiliano, el juez interviniente Federico Atencio, le ordenó que en el plazo improrrogable de doce horas informe las oportunidades en que Maximiliano fue trasladado al hospital, los motivos que generaron el traslado, así como las razones por las que dicha circunstancia no fue puesta en su conocimiento. El entonces capitán elaboró un informe plagado de falsedades, lo que a criterio de la Asociación Miguel Bru, supone no sólo una falsedad ideológica de instrumento público, sino también y fundamentalmente el encubrimiento de la conducta de sus subalternos, que hoy y al cabo de casi nueve años se encuentran imputados en la causa”.
2000 detenidos en seccionales locales
Según indicó la Asociación Miguel Bru el caso Díaz Subils “toma hoy una enorme vigencia”. La detención de personas en comisarías “fue prohibida en 2005 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El CELS litigó contra el Estado provincial demostrando que las dependencias policiales no son lugares preparados para alojar a personas y que la mayoría de ellas se encontraba detenida sin condena. Los calabozos de las comisarías están pensados como lugares de estadía transitoria y no cuentan con las condiciones mínimas de seguridad, limpieza, estructura, y recaudos mínimos para resguardar la salud de quienes allí se encuentran”.
No obstante poco después de la resolución de la SCJ, “en febrero de 2006 Maximiliano murió abandonado y vomitando sangre en la dependencia del barrio platense de Tolosa”. La AMBru señaló que por algunos años las comisarías se abstuvieron de volver a mantener recluidas personas en sus calabozos. Pero ahora, en abril de este año, el Gobernador decretó la “emergencia en seguridad”. Es así que dio paso a que el ministro de Seguridad Alejandro Granados anulara estas resoluciones que habían inhabilitado calabozos en comisarías para el alojamiento de detenidos y hoy hay alojadas más de 2000 personas”.
Por esta situación de encierro en comisaría el fiscal platense Marcelo Romero presentó hace una semana un habeas corpus aun no resuelto por el juez de Garantías, Juan Pablo Masi.
Fuente: Diario Hoy