Ulises Contreras cayó el domingo fulminado por un disparo de escopeta. Tenía apenas 16 años y su vida se apagó en medio de una pelea que sus atacantes saldaron con un tiro en la espalda. Para la Policía se trató de un ajuste de cuentas motivado por una vieja disputa originada en Ludueña, uno de los barrios de Rosario más castigados por la inseguridad.
Los amigos de Contreras fueron a despedirlo, pero tres de ellos no pudieron hacerlo: el lunes a la madrugada personal de Prefectura, una de las fuerzas federales que desde el 9 de abril patrullan Rosario con el objetivo de “pacificar” el territorio, los interceptó camino al velatorio.
Los tres adolescentes –la Oficina de Derechos Humanos del municipio de Rosario preservó sus datos personales por razones de seguridad– denunciaron que fueron insultados, pateados, los obligaron a descalzarse y a pisar vidrios y les quemaron las zapatillas para que revelaran el nombre de los supuestos integrantes de una banda narco que operaría en la zona.
Los jóvenes aseguran que, además, les exigían que tomaran un cuchillo de cocina y una pistola calibre 22. Como se negaron, fueron golpeados reiteradas veces. La madre de uno de ellos, todos menores de 18 años, denunció el caso en la comisaría 12°.
El área de Derechos Humanos de Rosario accedió al relato de uno de los chicos a través de un instituto provincial que desarrolla tareas sociales en el barrio. La repartición municipal se presentará hoy ante la fiscalía en turno para que investigue lo sucedido en Ludueña, según confirmó ayer a Clarín su titular, Gabriela Sosa.
La mamá de uno de los jóvenes, quien hizo la presentación, aseguró que un superior de los prefectos le reconoció que sus subordinados habían actuado mal y hasta le ofreció reponer las zapatillas quemadas.
En el informe al que accedió Recursos Humanos quedó asentado sólo que “un uniformado que se presentó como jefe les refirió que les asistía el derecho de hacer la denuncia”. Pero no la admisión de errores o abusos.
No es la primera vez que se revelan episodios de excesos cometidos por personal de las fuerzas federales en Rosario. Organizaciones sociales, de Derechos Humanos, sacerdotes y el Concejo Municipal trataron en las últimas semanas distintas denuncias.
Hasta el gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, y el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, prometieron investigar posibles abusos.
De acuerdo a relevamientos elaborados por organismos provinciales y municipales, entidades privadas y representantes judiciales, desde el desembarco de 2 mil efectivos de Gendarmería, Prefectura y Policía Federal, los índices de delitos descendieron sensiblemente en Rosario.
Fuente: Clarín