Desde 2003 a la fecha hay diez millones menos de pobres en la Argentina, en tanto siete millones de personas aún permanecen en esa condición, según un informe difundido hoy por la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), en base a un estudio del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA).
El secretario general de la CTA, Hugo Yasky, explicó en conferencia de prensa que «la metodología implementada por CIFRA es la misma que antes de la intervención del INDEC, así evitamos cualquier sospecha, y también es importante recalcar que se hizo sobre la base de los datos medidos en nueve provincias».
«El índice de pobreza dio un resultado del 17,8 por ciento, muy diferente de lo que publican los diarios Clarín y La Nación en base a consultoras privadas», sostuvo el dirigente en el encuentro realizado en la sede de Piedras al 1.000.
El dato de la CTA oficialista se da luego de que el Gobierno suspendió la difusión del último informe de pobreza argumentando que a raíz de los cambios en el IPCNu existían problemas «de empalme» con la nueva metodología.
Yasky agregó que la indigencia pasó a medir del «22,8 por ciento en el 2003 al 8,4% en 2007; y que la reducción fue muy importante a partir del 2008, alcanzando el 4,2 por ciento de la población en el 2013».
El dirigente de la CTA analizó que «lo importante es ver cómo en estos años la caída de la pobreza y la indigencia fue sistemática, no se interrumpió nunca», y destacó que en términos de trimestres, el último del 2012 se registró un «leve avance al llegar al 18,2 por ciento».
«Viendo los comportamientos de precios del primer trimestre del 2014 es probable que haya sucedido algo similar», acotó.
No obstante, el dirigente de la CTA consideró que «estas cifras demuestran que si bien hay algunos problemas en la Argentina, esto no es la catástrofe que nos quieren hacer creer los que pujan por subir precios desvalorizando los salarios de los trabajadores».
Según el estudio presentado hoy por la central, «la canasta básica alimentaria de indigencia se sitúa en 1.783 pesos, y la canasta de pobreza en 4.267 pesos».
Yasky explicó que «hoy estamos recomponiendo el tejido social como consecuencia de la política de los 90 que sentó las bases para la destrucción del empleo, luego llegó el 2001 que nos encontró con el 71 por ciento de la fuerza productiva desocupada y ahora, muy lejos de aquella situación, nos enfrentamos a presiones de precios y debemos dar la batalla para que los formadores entiendan que ese no es el camino».
Además, Yasky pidió un aumento del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias, una suba de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la convocatoria al Consejo del Salario para que «los trabajadores que no están en paritarias también puedan ver mejorados sus salarios».
«Son temas que sabemos que el Gobierno tiene en carpeta, pero nosotros creemos que es el momento para dar los pasos necesarios en estos tres sentidos», dijo Yasky.
Tras destacar la importancia del impuesto a las Ganancias, el secretario general de la CTA consideró que «22.000 pesos sería un buen tope para que paguen los que ganan más de esa cifra», pero también evaluó que «las escalas deberían modificarse».
La CTA presentará su propuesta formalmente al gobierno nacional en los próximos días, con el fin de que «se siga implementando la política que viene desde el año pasado, donde se subió el límite alrededor de un 30 por ciento».
Yasky dijo que además el salario mínimo, vital y móvil debería situarse en los 4.267 pesos (cifra de la canasta básica arrojada por el estudio presentado hoy por la central en base al análisis del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina), para lo cual pidió una convocatoria al Consejo del Salario.
«También creemos que la Asignación Universal por Hijo debería subir un 30 por ciento, de los 460 en los que está a unos 600 pesos», aseveró.
El sindicalista remarcó que «acá no vamos a hablar de inflación como si fuera un fenómeno de la naturaleza porque no lo es».
«Acá hay una puja de los formadores de precios que buscan mayores rentabilidades, y por otro lado, intentos desestabilizadores porque hay un gobierno que no puede ser manejado por esos mismos sectores», consideró.
«Muchas de estas pujas llevan a que en Argentina alguno levante la voz pidiendo una megadevaluación, lo que beneficiaría a esos mismos sectores que tienen ganancias en dólares y presionan con subas injustificadas que tienen un doble propósito: político y económico, porque así ganan por todos lados», sintetizó.
«Les molesta que no pueden manejar al Gobierno como un títere, y apuestan a desgastar y deshilachar a las autoridades actuales que han venido los últimos años defendiendo los intereses de los sectores populares», finalizó Yasky, al tiempo que prometió «dar la batalla defendiendo los logros del Gobierno y las conquistas de los trabajadores».
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