Se trata de Antonio Chancalay, dirigente de la Villa 20, acusado de ser uno de los líderes de la ocupación del terreno de Fernández de la Cruz y Pola. Además, la Justicia le prohibió acercarse al predio a los otros cuatro organizadores de la usurpación, iniciada en febrero
La jueza Gabriela López Iñiguez ordenó la detención de uno de los acusados de organizar la toma del predio de Villa Lugano, ubicado en la avenida Fernández de la Cruz y Pola. El acusado es Antonio Marcelo Chancalay, a quien el fiscal Carlos Rolero acusó de entorpecimiento de la investigación por incumplir resoluciones judiciales.
La Fiscalía también había pedido la detención de otros cuatro acusados, Emanuel Ríos, Claudio Jiménez, Marcel Urquiza y Marta Yane. Pero la jueza rechazó el planteo, aunque les prohibió acercarse al predio tomado, salir de la ciudad de Buenos Aires y la obligación de presentarse en los Tribunales.
Antes las pruebas presentadas por Rolero, que incluyen escuchas telefónicas, la Justicia avanza sobre la hipótesis de que se apropiaron del terreno para hacer negocios. De acuerdo con la investigación, dentro del terreno ocupado, se comercializaban lotes por cifras que van de 8000 a 25.000 pesos.
A Chancalay y el resto de los acusados les fueron allanados sus domicilios, donde se encontraron escrituras que los vincularían con las tomas de predios en lugares cercanos a la Villa 20, para su posterior venta. Había sido investigado por la toma del Parque Indoamericano en diciembre de 2010, pero fue sobreseído por falta de pruebas.
Según publicó La Nación, la Justicia pudo comprobar también que Chancalay es empleado del gobierno de la Ciudad desde 2006 y fue colaborador del partido UNEN en las últimas elecciones. Entre otras cosas, es socio gerente de la empresa Mach SRL (Marcelo Antonio Chancalay), creada en 2009 y dedicada a la construcción de obra pública, y de otras tres cooperativas.
El predio fue tomado la noche del 24 de febrero pasado por vecinos de la Villa 20, en reclamo de viviendas que el Gobierno porteño de Mauricio Macri les incumplió. En dos oportunidades la Justicia ordenó el desalojo del predio, lo que nunca se concretó. Lo cierto es que una 500 familias continúan afincadas allí y no hay solución a la vista.
Fuente: Infobae