A casi res años del escándalo, finalmente se reactiva la causa judicial que investiga las responsabilidades de funcionarios públicos en el escándalo de los hermanos Schoklender. Según pudo saber Clarín de fuentes judiciales, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó una batería de medidas de prueba que apunta a complementar el informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre el Plan Sueños Compartidos, que entregó 1.295 millones de pesos.
La investigación está enfocada a probar una administración fraudulenta, donde estarían involucrados los Schoklender, funcionarios municipales, provinciales y hasta la segunda línea de mando del Ministerio de Planificación.
Varios de ellos serían llamados a indagatoria antes de la feria de invierno. También podrían ser citados a declarar varios de los imputados de la causa principal, que estaba a cargo del juez Norberto Oyarbide hasta que fue desplazado. Ese expediente apunta a las maniobras de lavado de dinero que habrían realizado los Schoklender y sus allegados.
¿Qué responsabilidades tenían los funcionarios? El esquema de Sueños Compartidos arrancaba en la cartera que conduce Julio De Vido, pero involucraba a los municipios o provincias, donde se conformaban las Unidades Ejecutoras, encargadas de controlar el avance de las obras y luego librar los fondos que llegaban desde Nación.
La causa judicial que investiga esos circuitos fue abierta hace tres años por una denuncia del abogado Jorge Vitale, quien apuntó contra el ministro De Vido, el exjefe de Gabinete y actual senador Aníbal Fernández, y la titular de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini. Pero en su requerimiento de instrucción, el fiscal Miguel Osorio no imputó a ningún funcionario.
Fuente: TN