Venezuela fue la más cuestionado por trabas a la prensa y Argentina por el uso indebido de fondos públicos como “presión”.
Las constantes presiones sobre medios y periodistas y el encarcelamiento de más de cien reporteros en Venezuela, donde el presidente Nicolás Maduro también traba la compra de papel para diario, ocuparon una vez más buena parte de las deliberaciones que realiza en Bridgetown la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
La SIP , actualmente presidida por la norteamericana Elizabeth Ballantine (The Durango Herald; Colorado), es una organización que reúne a más de 1300 periódicos de todo el continente y de las más diversas tendencias.
En esta ocasión, la delegación argentina estuvo integrada por Marcela Noble, Saturnino Herrero Mitjans, Martín Etchevers (Diario Clarín); Ernesto Kraiselburd ( El Día, La Plata); Jorge Fascetto (Diario Popular) y Norberto Frigerio (La Nación).
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa, Claudio Paolillo (Búsqueda, Uruguay), aseguró que en los últimos seis meses “se produjo un fuerte retroceso” de esa libertad. “El régimen chavista se expandió como un cáncer en toda la región e hizo que los pueblos estén cada día peor informados”, dijo.
El balance de Paolillo no escatimó en datos: nueve periodistas asesinados; otros cien agredidos en Venezuela y violencia en Brasil, México, Perú y Honduras. También habló del manejo de dinero público por parte del gobierno argentino para acorralar a la prensa independiente, y la situación de dos blogueros encarcelados en Cuba y en los Estados Unidos. Todos estos ejemplos son, apenas, manchas en un panorama oscuro.
“La nube tóxica que denunciamos hace diez años en esta Asamblea sigue tan vigente como el primer día”, dijo a su turno Frigerio, como síntesis del informe argentino que le tocó exponer ante la ausencia justificada del vicepresidente argentino de la SIP, Daniel Dessein (La Gaceta, Tucumán). La Argentina fue la primera en exponer. Frigerio señaló que “el clima de la libertad de prensa sigue siendo adverso” y relató que se produjeron 455 casos de ataques y amenazas contra periodistas.
Además, Frigerio afirmó que “el aparato oficial de propaganda que manejó el gobierno argentino en 2013 fue de 600 millones de dólares.
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