La lucha del gobierno contra la CGT de Hugo Moyano continúa sin descanso. Éste no se resigna a acordar precios y salarios en el difundido y no concretado Pacto Social. A todo esto el gremio de camioneros de Pablo Moyano pide un plus de 1.000 pesos para fin de año, además de reclamar 6.000 millones de pesos para las obras sociales sindicales correspondientes a dos años de recaudación del Fondo Solidario de Distribución. Esto último les fue negado a los sindicalistas primero por Graciela Ocaña cuando era ministro de Salud y ahora por actual el ministro Juan Manzur. Éste cumple órdenes directas de CFK quien, siguiendo la misma postura que su marido, no quiere resignar la caja del Fondo Solidario. Pero además, los camioneros no quieren firmar aumentos por una pauta menor al 30%, que es la inflación esperada para el 2011.
Las armas disponibles
Ante esta rebeldía del gremio más fuerte del país, el gobierno no dudaría en impulsar que se abra una causa judicial sobre la muerte confusa de Patricia Villares, la esposa de Pablo Moyano, aparentemente víctima de una infección, consecuencia de una cirugía estética.
En medios oficiales trascendió ayer que se especulaba con la posibilidad de una autopsia, que no fue hecha porque el entierro fue muy rápido. Esto significaría que Cristina estaría dispuesta a no reparar en gastos para obligar a los camioneros y demás gremios importantes a que firmen una pauta salarial que no pase del 20 o 22% anual, para que no se dispare la inflación, que el propio gobierno se empecina en negar.
A tal punto llega esta terquedad, que acepta la escasez de billetes, que perjudica el cobro de los jubilados y beneficiarios de planes sociales, para no tener que emitir billetes de 500 pesos con lo cual el tema ya estaría solucionado. Por esto resulta incomprensible que el gobierno prefiera pagar el costo político de que los cajeros de los bancos estén vacíos antes que reconocer el aumento escalofriante de la canasta de alimentos que supera el 40% anual.
Es por eso que el disciplinamiento del gremio de camioneros y del clan Moyano en particular es imprescindible para un gobierno que quiere evitar que la inflación del 2011 supere el 30% anual y que la de alimentos se arrime el 50%. Es que estos números podrían precipitar una catástrofe electoral para el oficialismo, impidiéndole ganar las elecciones y dejándolo a tiro de los jueces federales.
Por Guillermo Cherashny para el Informador Público