El jefe de Gabinete salió a desmentir que el kirchnerismo esté analizando intervenir el comercio agropecuario. Sin embargo, diputados del Frente para la Victoria ya impulsan iniciativas parlamentarias en el Congreso
El Gobierno ensaya una tregua con las cerealeras y ahora niega que esté analizando reeditar la Junta Nacional de Granos para intervenir el comercio de los productores y exportadores, una manera de garantizar los precios bajos en el mercado interno y la liquidación de dólares en el externo.
Pese a que hay varias iniciativas legislativas impulsadas por kirchneristas, el jefe de Gabinete y que hasta los intelectuales cercanos a la Casa Rosada pidieran la injerencia estatal en ese sector, Jorge Capitanich, afirmó este lunes que «por el momento no hay ningún proyecto para una Junta Nacional de Granos».
Las palabras del chaqueño llegan luego de que la administración de Cristina Kirchner se comprometiera ante los exportadores que mantendrá el tipo de cambio a $8 el dólar y que los empresarios prometieran liquidar u$s2.000 millones en febrero.
Estos gestos parecen haber puesto paños fríos en la tensa relación que mantienen los exportadores y el Gobierno. Una relación que empeoró en los últimos meses cuando pese a la devaluación del peso, las reservas del Banco Central continuó en caída libre.
La necesidad de dólares puso a los exportadores en el ojo de la tormenta ante la Casa Rosada y algunos dirigentes oficialistas reflotaron la idea de intervenir el mercado.
«Tenemos que impulsar la creación de una Junta Nacional de Granos. No para monopolizar, sino para garantizar que el productor tenga la opción: o va a las cerealeras privadas, como ahora, o elige un camino a través de Coninagro o de las cooperativas, que en confluencia con el Estado le permitan hacerlo», dijo el diputado nacional del Frente para la Victoria, Carlos Kunkel, un ultrakirchnerista que tiene trato directo con la Presidenta.
«Se viene conversando mucho en todas las reuniones y charlas políticas», aseguró en una entrevista con el diario La Nación y aseguró que podría «ponerse en marcha los próximos meses».
Kunkel no fue el único que habló de esta idea. La agrupación de intelectuales K, Carta Abierta, también pidió que el Ejecutivo adopte una dirección más ofensiva en ese sector.
En su 15º texto de análisis de la política nacional, culpó por la devaluación de más del 20% al «puñado» de grandes empresas que «exportan más del 90% del grano, aceite y harina de soja argentinos» e intentaron imponer «un cepo financiero sobre el Gobierno».
Con ese diagnóstico, el remedio fue sencillo. Por eso, convocó a que las fuerzas del oficialismo se reagrupen para «avanzar en mecanismos que establezcan el manejo estatal del comercio exterior» que permitan ejercer la «soberanía» sobre las divisas. Una propuesta que no habla concretamente sobre una Junta Nacional de Granos, pero que es compatible con ella.
Pero estas declaraciones del fin de semana tienen su correlato en el Congreso.
La que tomó la delantera fue la senadora rionegrina Silvina García Larraburu. Presentó un proyecto el lunes pasado para reestablecer la institución creada por Juan Domingo Perón. El escrito establece el control de «todas las instituciones o entidades que intervengan directa o indirectamente en el comercio interno o externo de granos y sus subproductos».
«También fiscalizará la producción -continúa el texto-, los embarques, y asesorará al Ejecutivo en la fijación de precios mínimos para las ventas al exterior, en la política cambiaria y en la impositiva, además de otras cuestiones vinculadas al sector».
Además, establece que la comercialización de los granos en que deba intervenir la Junta «actuará como comerciante, contratando directamente y de acuerdo a las reglamentaciones de compra y de venta que la misma establezca».
Esta iniciativa García Larraburu ya tiene el apoyo de compañeros de bancada como Juan Carlos Díaz Roig, Andrea García y José Mongeló.
Fuente: iProfesional