El gobierno de Bolivia notificó a la ONG danesa IBIS, tras expulsarla del país, que tiene plazo hasta el próximo 26 de marzo para concluir, transferir o cerrar todos sus programas, informó hoy esa organización.
La directora de IBIS en Bolivia, Ximena Valdivia, lamentó a través de un comunicado el cierre de planes que llegan a 76.500 personas, así como no haber tenido la oportunidad de dialogar con el gobierno sobre los razones de la expulsión.
El Ejecutivo que preside Evo Morales acusa a IBIS de injerencia política, de financiar la división de organizaciones indígenas y de haber plasmado en documentos críticas «intolerables» a su relación con los pueblos nativos.
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, aseguró hace una semana que documentos de IBIS señalan que el gobierno boliviano «se ha extraviado», y es «incapaz de aplicar los derechos colectivos de los pueblos indígenas».
Según Valdivia, las acusaciones no se corresponden con la política de la ONG y su historial de trabajo en Bolivia.
Agregó que la ONG respeta la soberanía de los países donde trabaja y apoya los derechos de los indígenas, pero que no habla en su nombre, y aclaró que si representantes o documentos de IBIS han sobrepasado esa política están «dispuestos a pedir las disculpas necesarias», según reseñó hoy la agencia EFE.
La organización destacó que toda su forma de trabajar, sus programas y estrategias han sido reportadas a la Cancillería boliviana, «sin haber recibido nunca antes ninguna observación o llamada de atención».
La ONG trabaja en Bolivia en proyectos de promoción de la educación para los pueblos indígenas y programas sobre el cambio climático y en salud, entre otras áreas.
El gobierno de Morales también advirtió de que otras ONG puede correr la suerte de IBIS si están en actividades de conspiración, motivo que también fue causa en mayo pasado de la expulsión a la agencia de cooperación internacional de Estados Unidos, la Usaid.
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