El aborto libre dejara de ser un derecho de la mujer solo ella con potestad de decidir sobre la interrupción del embarazo ya que su cuerpo es únicamente suyo, y volverá a ser un delito al aprobar hoy el Consejo de Ministros un nuevo proyecto de ley que seguramente aprobara la mayoría absoluta del Partido Popular.
Los medios progresistas titular: “El gobierno aprueba la ley del aborto más restrictiva de la democracia” (El País) y “El Partido Popular hacer retroceder 30 años a las mujeres” (Público). Las organizaciones feministas y la oposición anuncian movilizaciones y reuniones de urgencia para analizar la nueva legislación. El PSOE ya declaró su total oposición a la reforma que abroga la ley de 2010 que consagra la interrupción del embarazo sin que la mujer tenga que alegar causas.
El sistema actual de plazos que consagra el aborto como un derecho libre de la mujer durante las primeras 14 semanas de embarazo vuelve al anterior sistema de supuestos pero previsiblemente más restringidos. Entidades en defensa de los derechos de la mujer y de los derechos humanos insisten en que está nueva legislación es incluso más restrictiva que la de 1985 y que desde la vuelta de España a la democracia este es la ley más perjudicial para las mujeres.
La nueva ley establece que la interrupción del embarazo es un delito regulado del que se producen unos 120.000 abortos al año. La ley aprobada por los socialistas en 2010, Ley de Salud Sexual y Reproductiva, que contó con la aprobación de la mayoría de los españoles en los sondeos, establece “el derecho a la maternidad libremente decida por la mujer” que no tiene que invocar ningún motivo para abortar.
El proyecto que debe ser debatido y aprobado por el parlamento en los próximos meses se llamará Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embaraza. Solo se permitirá la interrupción del embarazo en dos supuestos: grave peligro para la salud física o psíquica de la mujer o en caso de violación. Se podrá realizar el aborto hasta la 22 semana de estación.
La malformación tiene que ser “incompatible con la vida” y debe diagnosticarla un comité médico cuyos miembros no puede trabajar en el mismo hospital. La publicidad de clínicas de abortos queda estrictamente prohibida.
Además, las jóvenes de 16 y 17 años tendrá que contar con la autorización de sus padres para interrumpir su embarazo y no como ahora que podían ejercer sin tutelas el derecho al aborto libre.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Galardón, sostuvo que “la ley libera a la mujer de sufrir cualquier reproche penal”.
En el Congreso, los diputados de izquierda firmaron un «pacto por el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo» surgido de un grupo de 200 asociaciones de mujeres, llamando a las diputadas del PP a unirse.
El presidente de la Federación de Planificación Familiar, Luis Enrique Sánchez, definió la reforma como «una vuelta a una situación como en los años 80, de mujeres españolas que van a Inglaterra y Francia para abortar si tienen el poder adquisitivo suficiente”. “ El resto irá a algún sitio clandestino», advirtió el ginecóloco Salim Chami.
Clarin.com