Se trata de Hotesur, la sociedad anónima que controla el hotel Alto Calafate. La IGJ, controlada por La Cámpora, no le exige los balances, ni la conformación su directorio. También incumple una norma antilavado.
El Gobierno protegió a la sociedad anónima de la familia Kirchner que controla el hotel Alto Calafate, sospechoso de ser utilizado en maniobras de lavado de dinero que involucran al empresario Lázaro Báez.
Según reveló el diario La Nación, Hotesur SA incumple los controles que establece la Inspección General de Justicia (IGJ), un organismo que controla La Cámpora y que quedó en la mira por favorecer a Amado Boudou en el caso Ciccone y a la Asociación Madres de Plaza de Mayo en el escándalo por la construcción de viviendas. También protegió a tres empresas de Báez.
La IGJ estuvo dirigida hasta marzo por el camporista Norberto Berner, que ahora es el secretario de Comunicaciones. En su reemplazo, asumió el abogado Luis Rodolfo Tailhade, que al igual que su antecesor responde a Wado De Pedro, amigo íntimo de Máximo Kirchner.
De acuerdo a la información conseguida por el mencionado medio, Hotesur adeuda balances, no informa quiénes integran su directorio desde hace años y sus actuales directores incumplen la normativa contra el lavado de activos que dictó la IGJ, que obliga a detallar si alguno de ellos son «personas políticamente expuestas».
Además, la firma de los Kirchner presentó su declaración jurada obligatoria de actualización de datos meses después de vencido el plazo. A diferencia de lo que ocurrió con otras empresas, ni por ese incumplimiento ni por los otros fue sancionada con las multas previstas por la normativa vigente.
En los registros de la IGJ, a los que accedió La Nación, figura que Hotesur adeuda sus balances correspondientes a 2011 y 2012, en tanto que la última designación de directorio corresponde a esa asamblea que se celebró en noviembre de 2008, con mandato hasta la asamblea que debía tratar el ejercicio con cierre el 31 de octubre de 2009.
De esta manera, quiénes integran su directorio actual resulta una incógnita para la IGJ. Sin embargo, el organismo no le inició ningún trámite de intimación por ese motivo. Según el estatuto interno de Hotesur, sus directorios se conforman con mandatos por tres años, pero durante sus primeros ejercicios los renovaron cada año.
La consecuencia de ese vacío resulta sustancial: si la Justicia le requiriera datos sobre Hotesur, para la IGJ el directorio que sigue en funciones -al menos en su registro formal- sería el de 2008, aún con el plazo de su mandato ya vencido en exceso.
Hotesur sí se movió, sin embargo, para cumplir con la presentación de la declaración jurada que impuso la IGJ, resolución general 1/2010, para la «actualización de datos» societarios. Se registró con el número de trámite 2843515 recién el 28 de abril de 2012, y el organismo reaccionó con parsimonia: un año y medio después continúa bajo «proceso de análisis».
Los Kirchner adquirieron Hotesur en 2008. En la asamblea del 7 de noviembre, se nombró en el directorio a Romina Mercado -hija de Alicia Kirchner y fiscal en El Calafate-; Osvaldo Sanfelice -empresario inmobiliario y socio de Néstor Kirchner-; Adrián Berni -el máximo ejecutivo de Lázaro Báez en Valle Mitre-; y otros hombres que respondían a Kirchner y Báez.
Cabe recordar que Valle Mitre es la firma que gerencia el hotel Alto Calafate y la que firmó un oscuro acuerdo con otras firmas de Báez, que pagaron durante meses por 935 habitaciones y le aseguraron a los Kirchner 10,1 millones de pesos entre 2010 y 2011.
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