El secretario de la Junta Nacional de Drogas uruguayo, Julio Calzada, aclaró que la ley de marihuana «no es una ley para promover el consumo». También apuntó contras las críticas de la ONU
Al gobierno no le gustó como algunos medios trataron la nueva ley que regula el mercado y envió al titular de la Junta Nacional de Drogas, Julio Calzada, a explicar los alcances
Entre molesto y preocupado por el tratamiento que algunos medios argentinos le dieron a la nueva ley que regula la producción y venta de marihuana, y sobre todo teniendo en cuenta el peso del turismo argentino, el gobierno de Uruguay dispuso una visita relámpago a Buenos Aires del secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Julio Calzada, para aclarar, entre otros puntos, que la ley alcanza sólo a residentes.
Queremos ir contra esta idea de que este año hay que ir a las costas de Rocha que va a haber canilla libre de marihuana. Y sentimos que teníamos el deber de explicarla de primera mano por los lazos con la Argentina, sostuvo Calzada ayer en una conferencia de prensa brindada en la embajada de Uruguay en Buenos Aires.
La ley está habilitada sólo para residentes en Uruguay. Esa es la condición para cuadrar en la legalidad y poder adquirir hasta 40 gramos mensuales en las farmacias para consumo personal, a un precio de un dólar el gramo, agregó.
Si un argentino o un no residente anda con medio kilo de marihuana, que es evidente que supera el consumo personal, se verá expuesto a las penas previstas por la ley del año 74 bajo la tipificación de un acto criminal, aclaró. Esa misma ley, no obstante (la 14.294), no pena ni el consumo ni la tenencia personal, algo que según Calzada tiene que ver con la matriz liberal de Uruguay.
La visita del funcionario, quien tuvo un rol clave en la redacción del proyecto de ley, se enmarca en el intento de Uruguay de contrarrestar la idea que empezó a sonar en varios países de la región y fue sostenida por la oposición uruguaya de que el país va ahora camino a convertirse en la Holanda de Sudamérica, en alusión al país europeo por excelencia para hacer turismo cannábico.
Esta ley no promueve el consumo de un producto que, como el tabaco, se sabe que es perjudicial para la salud. Se trata de regular un mercado que ya existe y es una herramienta más para desarticular el narcotráfico, dijo Calzada. Venimos hace 50 años con políticas que no han dado los resultados esperados. Probaremos con esto y, si vamos mal, cambiaremos. Pero lo que tenemos claro es que no vamos a seguir 50 años haciendo lo mismo que hasta ahora, argumentó. El tiempo previsto para evaluar si la nueva ley funciona es de 1 a 5 años.
En Uruguay hay actualmente entre 120.000 y 150.000 usuarios de marihuana y el mercado mueve entre u$s 30 y 40 millones al año.
Al igual que ya lo ha hecho el presidente José Mujica al referirse a la ley como un experimento, consultado sobre la posibilidad de que en otros países de la región prosperen iniciativas similares Calzada fue tajante: No queremos ser un modelo para nadie. No obstante, sí entendemos que debe haber un debate global sobre qué hacer con este mercado y esta realidad que existe, agregó.
Cómo se gestó la ley
La ley comenzó a tomar forma en 2012, cuando la tasa de criminalidad (muertes violentas) saltó a 7 cada 100.000 habitantes, frente a 5 en 2009. Puede sonar irrisorio para América latina, donde la tasa promedio es de 23, pero es un crecimiento de 30%. Y las investigaciones nos dan que son muertes vinculadas al narcotráfico, disputa de territorios y hasta sicariatos, algo totalmente desconocido en el Uruguay hasta hace cinco años, relató Calzada.
Desde la izquierda teníamos la mirada de que cuando cambiaran los niveles de pobreza, la situación cambiaría. Pero la realidad fue que la criminalidad aumentó pese a que la pobreza cayó de 34% en 2005 a 12% en 2012 y la indigencia pasó de 3% a 0,5%, argumentó.
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