CFK encabezó ayer la ceremonia de ascenso de los oficiales de las fuerzas de seguridad en la Casa Rosada. Fue un nuevo intento de destacar que el aparato represivo está ahora en la primera fila del gobierno. Las versiones sobre alistamientos en el Ejército reforzaron también la imagen de blindaje que intenta dar el gobierno ante la posibilidad de que pasado mañana el aniversario de la caída de Fernando de la Rúa sea el marco para una nueva y mayor serie de saqueos. Pero la realidad suele tener humor negro, porque ayer el foco de las preocupaciones oficiales, cortes de luz y protestas mediante, era que se disparara un megacacerolazo que estaría bien sazonado por la persecución del gobierno al fiscal José María Campagnoli y el pedido de una medida cautelar que presentó ayer Lázaro Báez para censurar notas sobre sus pagos a los Kirchner. Claro está que un desborde de la protesta social tendría efectos políticos más negativos para el kirchnerismo que los saqueos que, como es obvio, deben considerarse como hechos delictivos. En cuanto a los saqueos, la cumbre entre Daniel Scioli y José Manuel de la Sota fue de prevención política. Es decir, que si estallara la violencia en Córdoba o Buenos Aires, se podría sospechar que fue un castigo a las conversaciones entre los dos mandatarios.
De inusual perfil bajo, Sergio Massa también tomó medidas de seguridad e instruyó a su grupo de intendentes para que adopten medidas de prevención si casualmente los saqueos se concentran en sus municipios.
A todo esto, Jorge Capitanich sabe que debe pasar la prueba de fuego del 20 de diciembre para empezar a respirar. Si la situación se desbordara, no hay dudas de que él y no otro sería el fusible de un gobierno que está perdiendo el sentido de la solidaridad. El kirchnerismo, ya en una etapa dedicada a la supervivencia política, está usando al jefe de gabinete como un pararrayos para desviar el malestar popular.
Sin retirada segura
La difusión de que entre 2010 y 2011, el matrimonio Kirchner recibió más de $ 14,5 millones de Valle Mitre, la sociedad que gerencia sus hoteles y que controla Lázaro Báez, el gran beneficiario de la obra pública en la Patagonia, recondujo el foco de la atención pública sobre el enriquecimiento ilícito de la presidente. El mensaje político que estos nuevos datos componen es claro. Para la presidente y su entorno no hay retirada segura del poder, porque el riesgo judicial es considerable. Massa le ofrecería un puente de plata a muchos dirigentes K para reciclarse políticamente. Pero obviamente, semejante invitación debería necesariamente excluir al núcleo cristinista sospechado de corrupción. El fantasma de un vaciamiento político del kirchnerismo en el primer semestre del 2014 ya no es una fantasía. El atractivo estaría dado por una serie de pactos bilaterales que proyecta el tigrense para impactar en el peronismo. Los acuerdos serían con los Rodríguez Saá en San Luis, Carlos Reutemann en Santa Fe, Carlos Verna en la Pampa, Mario Das Neves en Chubut, Jorge Busti en Entre Ríos y, el dato fundamental, con el radical Mario Negri en Córdoba. Un armado así podría entusiasmar a buena parte de los cuadros K que buscan una salida. Ante este riesgo, el gobierno responde fortaleciendo mediante distintos acuerdos la gestión de Mauricio Macri. Si éste polarizara la elección presidencial con un candidato de Cristina, el gobierno estaría más que satisfecho, porque en el ballotage, los radicales y socialistas podrían optar por el kirchnerismo antes que llevar al PRO al gobierno.
Carlos Tórtora/informadorpublico.com