Señor Director:
Es inaceptable que el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, ante los saqueos y vandalismos en la ciudad de Córdoba, acaecidos en la noche del 3 del actual, durante una huelga policial, cínicamente haya dicho: «Que cada uno se haga cargo de su responsabilidad. Es muy fácil gobernar transfiriendo responsabilidad a otros» y que era un problema «inclusivo y excluyente al gobernador de la provincia», a pesar de que la ley de seguridad interior 24.059, artículos 23 y 24, obliga a la Nación a asistir a las provincias «cuando estén en peligro la vida y los bienes de los ciudadanos».
Al tiempo que la presidente Cristina Fernández de Kirchner negaba el envío de Gendarmería Nacional para poner coto a los actos vandálicos, que causaron un muerto, 200 heridos, 11 de ellos en grave estado y el saqueo de más de 1.000 comercios (que fueron destruidos e incendiados, perdiendo el trabajo de toda una vida) por enfrentamientos con armas, palos y piedras entre turbas de delincuentes y vecinos abandonados a su suerte.
El gobernador José de la Sota agradeció a CFK el anuncio de envío de 2.000 gendarmes, pero a destiempo: «…hacían falta anoche (3/12). Hoy el conflicto (con la Policía) está resuelto». Como anécdota, el secretario de Seguridad, Sergio Berni, dijo que era «un papelón lo de De la Sota». «Es una payasada. un tuit a las cuatro y media de la mañana es inviable, no puede suplir una comunicación oficial» (sic).
El propósito deletéreo del kirchnerismo no es otro que llevar a cabo el cinismo político al extremo de batir a De la Sota como enemigo, por ser opositor al «modelo» y tener ambiciones políticas para la sucesión presidencial en 2015, y estar reclamando, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al gobierno nacional una deuda previsional de más de 1.000 millones de pesos.
La negativa presidencial de asistir a Córdoba, me recuerda el «cordobazo» del 29 de mayo de 1969, que pudo evitarse, causado por grupos sindicales peronistas distanciados de su líder, bajo la orientación de Vandor, anhelando una alianza de militares y gremialistas para instalar en definitiva un régimen similar al de México.
El presidente de facto Juan Carlos Onganía no aceptó esas propuestas, y el estallido se produjo por una cuestión de relativa trascendencia. A fin de que los obreros de Córdoba pudieran ganar lo mismo que sus colegas de las demás provincias, se elevó el horario semanal de 44 a 48 horas. Nada justificaba la violencia, y como consecuencia la prédica subversiva y la organización terrorista da sus frutos, con la violencia desatada en la ciudad de Córdoba.
Y por los tiroteos y atentados murieron 14 personas y se produjeron daños que ascendieron a unos 15 millones de dólares. La Policía cordobeza fue superada por los revoltosos, y por las desavenencias entre Onganía y un sector del Ejército, liderado por el general Alejandro A. Lanusse, éste demoró la orden de que un batallón de la Fuerza tomara la calle a tiempo para impedir los hechos subversivos que causaron esas 14 nuertes y daños cuantiosos.
Consecuentemente, el gobierno de Onganía quedó debilitado, teniendo que presentar su renuncia el 8 de junio de 1970 (…»bajo la presión de las armas, (obligan) a alejarme del cargo de Presidente de la República«, rezaba su renuncia). (1) 1) Basado en el libro «Historia Política y Constitucional Argentina» (1776-1989), por Ambrosio Romero Carranza, Alberto Rodríguez
Varela y Eduardo Ventura, Círculo Militar, (1992), p. 376/78).
Con
cordiales saludos,
Alfredo Nobre Leite