“Lo natural es que los hijos despidan a sus padres de este mundo. A mí no se me dio”. Rubén Bres tiene 49 años y una tristeza infinita. Pero entre el dolor se cuela la bronca. Su hijo Matías nació enfermo y Rubén estuvo peleando sin éxito años con la obra social para mejorar su calidad de vida. Llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el 24 de octubre de 2011 solicitó al Gobierno medidas urgentes que no fueron escuchadas. También reclamó ante la Defensoría del Pueblo de la Nación que se tomó dos años para darle la razón. Era tarde. Matías murió el 10 de septiembre. Tenía 16 años.
A poco de nacer, a Matías le diagnosticaron una encefalopatía crónica –similar a una parálisis cerebral– y signos de hipotrofia cerebral. Su cerebro no se terminó de formar y eso le afectó la vista y su desarrollo motriz. Siempre tuvo la cadera luxada y la columna rotada a 90 grados, lo que le comprimía los órganos y le inutilizaba un pulmón. Se la pasó de internación en internación. La última empezó el 18 de agosto de 2010, en el Sanatorio Fundación Hospitalaria. Rubén –contador y docente– nunca estuvo conforme con el lugar, y por eso pedía que su hijo pudiera quedarse en su casa. No era un capricho: Matías tenía indicada internación domiciliaria. El problema era que el costo de la internación domiciliaria, que requiere profesionales que vayan a domicilio y que la casa sea cómoda o al menos digna. No era el caso. Los Bres viven en un dos ambientes y además está Melanie, la hermana menor de Matías.
Entonces empezó la lucha de Rubén con la Obra Social de Seguros (OSSEG), y con la Superintendencia de Seguros de Salud. “Nos derivaron a las peores habitaciones, no se utilizaban guantes ni barbijos, no se cumplían las medidas mínimas de higiene y seguridad. Finalmente, mi hijo contrajo una bacteria que lo mató. Las autoridades se flexibilizaron cuando mi hijo ya tenía todo perdido. Han permitido y permiten la total impunidad. Soporté negativas y mentiras de médicos que incumplen a diario la ley de derechos del paciente. Perdí horas de trabajo sacrificándome para cuidar a mis dos hijos, alentar a mi esposa, llevar comida hecha de mi casa al sanatorio. Me endeudé buscando salvar a mi hijo y perdí todo”, escupe enojado hoy Rubén.
La demorada respuesta de la la Defensoría del Pueblo dice: “Que se provea al niño atención domiciliaria (…), subsidiar a la familia Bres para que alcance su objetivo de una vivienda adecuada, con el fin de allanar su camino hacia una mejor calidad de vida”. El informe agregaba que “la conducta de la OSSEG fue calificada por el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo como discriminatoria”. Todo llegó demasiado tarde. Dice Rubén: “Queremos que nuestro hijo descanse en paz y que otros no pasen lo que vivimos”.
Fuente: Clarín