El plan es retomar la quita de subvenciones a los sectores de alto poder adquisitivo. Prevén ahorrar $15.000 millones sin afectar al consumo
El Gobierno analiza volver a encarar tras las elecciones un ajuste de subsidios a la luz y el gas que reciben los sectores de alto poder adquisitivo, una iniciativa que dejó inconclusa en sus últimos dos intentos.
El tema comenzó a debatirse en los últimos días en la comisión que fiscaliza las inversiones en hidrocarburos, liderada por el viceministro de Economía, Axel Kicillof, y de la que también participan los secretarios de Energía, Daniel Cameron, y de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Se trata del órgano que más pesa a la hora de definir cuestiones vinculadas con la energía en general, más allá del petróleo y del gas.
«Después de octubre hay que retomar el debate por la quita de subsidios», dijo una fuente oficial al tanto de las discusiones y con acceso frecuente a ese cónclave, según pulica este miércoles el diario La Nación.
Tanto en el Ministerio de Planificación, que conduce Julio de Vido, como en el de Economía, circulan estudios sobre la composición de las subvenciones.
Uno de esos trabajos, que será presentado a la comisión luego de las elecciones para su debate, indica que el Estado gastará este año entre $12.000 millones y $15.000 millones en subsidios al gas y la electricidad para sectores de alto poder adquisitivo.
«Esa cantidad se podría recortar sin afectar la demanda y, por lo tanto, la economía», completó el funcionario. No se trató de una aclaración ingenua.
Hasta ahora, los puntales del kirchnerismo que defienden la política de subsidios sostienen que está en línea con la intención de mantener cargados los bolsillos de los consumidores para que vuelquen sus ingresos al mercado interno.
Desde 2009, el peso de los subsidios se constituyó en un lastre muy pesado para una economía que dejó de transitar las aguas calmas de los años anteriores. En 2012, el último año del que hay registros completos, el Gobierno destinó $61.896 millones a subvencionar el consumo de gas y electricidad.
El número es enorme. Representa un 85% del superávit de la balanza comercial del año pasado (u$s12.419 millones al dólar oficial, de $5,85), un ítem que Moreno defiende con ahínco mediante las restricciones a las importaciones y el reclamo constante a empresarios para que produzcan más en el país.
La cifra del año pasado, además, muestra un aumento sensible. Es, por ejemplo, casi cuatro veces mayor que los $15.944,1 millones que se destinaron al mismo rubro en 2009, según la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP).
La mayor parte se destinó a dos empresas: Cammesa, la compañía administradora del mercado eléctrico, que en los papeles es mixta, pero en la práctica está bajo el control del Gobierno, y Enarsa, la compañía estatal de energía. Ambas se encargan de comprar gas a Bolivia, que llega por barco, y combustibles líquidos, como gasoil y fuel oil, para reemplazar la menor producción local en las usinas eléctricas.
Se trata, en todos los casos, de ítems que están contemplados en las facturas, pero que en la mayoría de los casos no se pagan.
Antecedentes
No sería la primera vez que el Gobierno busca recortar estos gastos.
En diciembre de 2008, lanzó el decreto 2067 para traspasar el costo creciente de las importaciones de gas a un sector de los consumidores, pero el intento trastabilló en la Justicia debido a las demandas de consumidores y asociaciones que los representan.
Meses más tarde, De Vido dio parcialmente marcha atrás con la norma tras una orden directa de la presidenta Cristina Kirchner.
En noviembre de 2011, cuando Cristina Kirchner apenas estrenaba su triunfo en las elecciones presidenciales que le aseguraron un segundo mandato, retomaron el plan.
Los ministros De Vido y Amado Boudou (por aquel entonces a cargo de Economía) anunciaron el inicio de un proceso de quita paulatina de subsidios. Cayó sobre bancos, cerealeras, petroleras, countries, barrios cerrados y los vecinos de Barrio Parque y Puerto Madero.
Con el mismo impulso, se abrió una lista para renunciar voluntariamente a los subsidios.
La lista aún está en la página web de Planificación. La Presidenta fue la primera en dimitir, pero la iniciativa fue un fracaso rotundo: casi dos años después, sólo se anotaron 32.137 personas, sólo 0,6% de las conexiones eléctricas en las áreas de Edenor y Edesur.
Sin ningún anuncio oficial, la iniciativa fue dejada de lado por el Gobierno pocos meses después de su puesta en marcha. Los memoriosos del sector energético sostienen que eso ocurrió a partir de febrero de 2012, cuando fue el accidente en la estación de Once que causó 51 muertes y cambió el envión anímico que había recibido Cristina Kirchner en las elecciones.
Fuente: iProfesional