Las cifras presentadas ayer por el canciller argentino Héctor Timerman, con lo que se quiso demostrar la presunta contaminación de la planta de UPM, difieren de las dadas a conocer el 30 de agosto pasado por la Dirección Nacional de Medioambiente (Dinama) y denuncian el uso de un químico prohibido en 2011 por el actual gobierno uruguayo.
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