Mientras el exSecretario de Transporte kirchnerista Ricardo Jaime sigue libre, un abogado querellante pidió la detención del motorman que conducía el tren que chocó en Castelar. La Justicia y el Gobierno esquivan las responsabilidades políticas por los desastres ferroviarios.
La Argentina kirchnerista se ha convertido en el reino del revés, donde un exfuncionario del área de transporte con más de 20 causas judiciales en su contra apenas es condenado a seis meses de prisión sin terminar tras las rejas, y se le apunta toda la responsabilidad de la crisis del sistema ferroviario a los trabajadores, exigiendo incluso su inmediata detención.
Ayer, una parte de la querella del siniestro de Castelar, pidió la detención del maquinista Daniel López, principal imputado de la causa penal que provocó tres muertos y más de 300 heridos, y requirió que sea investigado por «estrago doloso».
Fue el abogado Gregorio Dalbón, patrocinante de algunos familiares de las víctimas, quien realizó esta presentación ante el juez federal de Morón, Jorge Rodríguez. El letrado también apuntó ayer contra el maquinista de la tragedia de Once, Marcos Córdoba, como responsable de aquel siniestro.
Más allá de las responsabilidades concretas que puedan tener los conductores ferroviarios, el discurso de este abogado sigue la tesis del Gobierno, que le echa toda la culpa de lo ocurrido a los motorman. Esa fue la razón por la cual el Ministro del Interior y Transporte Florencio Randazzo se dedicó a poner cámaras en las cabinas de los maquinistas en vez de invertir en un plan de renovación total de la estructura ferroviaria.
“Si el sistema ferroviario nacional está absolutamente destruido, esto no se le puede achacar al mermado plantel de trabajadores que hay quedado en los ferrocarriles, si no a los distintos gobiernos que han pasado, que no han sabido, no han querido o no han podido resolver esta destrucción”, aseguró a Hoy Elido Veschi, especialista ferroviario de la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos (Apedefa).
Los responsables
“Son ellos –los funcionarios– los responsables, y hay tipos muy notorios como el caso de Ricardo Jaime, que es el paradigma, al igual que el exdirigente José Pedraza es el paradigma del sindicalismo empresario que aceptó esa destrucción de los ferrocarriles”, señaló Veschi.
El caso de Jaime es paradójico, dado que con más de 20 causas en su contra (ver aparte), no está preso y apenas fue condenado a principios de mes a seis meses de prisión por sustracción de pruebas en uno de los casos de enriquecimiento ilícito que se le imputan. Justamente, el irrisorio monto de la pena impide que quede tras las rejas.
Para peor, los propios trabajadores y extrabajadores ferroviarios, hoy criminalizados por el Gobierno, son los que han denunciado históricamente el estado de abandono de los trenes, que lejos de haberse frenado, continúa en plena vigencia.
Medidas que llegan tarde
Sobre el conjunto medidas anunciadas por el Gobierno tras los siniestros de Once y de Castelar, Élido Veschi (foto), especialista ferroviario de la Asociación de Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos, señaló a este diario: “Las medidas llegan medio tarde. Porque la inercia de la destrucción del sistema ferroviario ha sido durante más de quince años. Y para recomponer el sistema, siempre que haya una política acorde a eso, cosa que yo no veo, si bien no tiene por qué tardar tanto tiempo, se puede tardar como mínimo de 3 a 5 años. Yo no veo una política en ese sentido”.
La larga lista de causas que carga Jaime en la mochila
El ex Secretario de Transporte kirchnerista, Ricardo Jaime, obtuvo su primera condena a principio de mes por haber sustraído durante un allanamiento, unas tarjetas personales que lo comprometían en la causa en su contra por enriquecimiento ilícito. La condena fue ridícula: apenas seis meses de prisión en suspenso.
Pero Jaime tiene, además, otras tres causas con procesamientos confirmados por la Cámara Federal, que ya fueron elevadas a juicio. En todas, por ahora, está previsto que siga el proceso en libertad. Dos son por dádivas y la tercera, por su responsabilidad en la tragedia de Once. Paralelamente, sigue adelante una decena de causas en las que Jaime está acusado de hechos de corrupción, tales como delitos en la compra de aviones y de vagones, y sobreprecios en remodelaciones de estaciones ferroviarias. A su favor, Oyarbide anuló como prueba miles de mails sobre negocios oscuros que lo complicaban, en un fallo que confirmó la Sala I de la Cámara, que lo eximió de prisión.
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