El 24 de agosto del año pasado, el fiscal federal Jorge Di Lello requirió la elevación a juicio oral por el delito de asociación ilícita para el jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri y los restantes procesados, el ex jefe de la Policía Metropolitana Jorge “Fino” Palacios, el ex ministro de Educación porteño Mariano Narodowsky y el espía Ciro James. Se trata de la causa de las escuchas telefónicas que afectaron al cuñado de Macri, Daniel Leonardo, y al dirigente de Familiares de AMIA, Sergio Burstein, entre una decena de personas. Los acusados serán juzgados por asociación ilícita y violación de secretos y de la privacidad. Cuando Di Lello pidió la elevación a juicio oral, Norberto Oyarbide estaba transitoriamente a cargo del Juzgado Federal N° 7, en el cual asumió Sebastián Casanello en octubre del año pasado. La causa, denunciada por el PRO como una maniobra del gobierno nacional para intentar sacar de la carrera presidencial a Macri, lleva entonces más de un año paralizada. En otras palabras, que Casanello sigue sin firmar la elevación a juicio, que generaría el sorteo de un tribunal oral federal y posteriormente la fijación de fecha del juicio. En los últimos días hubo señales de que este largo impasse puede estar a punto de llegar a su fin. Aparentemente Casanello, el juez federal más allegado a La Cámpora y al Secretario de Justicia Julián Álvarez, estaría próximo a firmar la elevación a juicio oral de la causa de las escuchas, lo que instalaría el tema en el centro de la agenda política nacional. Tal así, que este peligro habría motivado al jefe de gobierno porteño a realizar en los últimos días media docena de reportajes en los medios más importantes del país, ratificando su candidatura presidencial para el 2015. De este modo, quedaría claro que si el juez más oficialista acelera los tiempos del juicio oral, se trataría de una maniobra de la Casa Rosada para frustrar su candidatura. En las últimas horas la preocupación por este problema en la mesa chica del PRO llegó al punto de que allí se hacen especulaciones sobre la posibilidad de que el juicio oral tenga lugar en el primer semestre del año que viene. Claro está que, aun en el caso de una condena, hasta que la misma quede firme y le impida ejercer cargos públicos pasaría mucho tiempo, tal vez hasta después de las elecciones del 2015. Sin embargo, este juego procesal no impediría la enorme conflictividad política de esta situación. Cuando el caso de las escuchas ilegales estaba en la primera plana, Macri salió claramente favorecido, porque la opinión pública lo victimizó, poniéndose de su lado ante la obvia maniobra oficial.
Ahora, ante esta nueva perspectiva, en el macrismo ya se tejen especulaciones acerca de que, si se concreta la elevación a juicio oral, en la legislatura porteña el kirchnerismo plantearía el pedido de juicio político a Macri. El PRO, que actualmente representa la primera minoría en el recinto con 26 diputados propios, tiene diez diputados que concluirán su mandato en diciembre próximo, sumado a que también abandonaría su lugar el rabino Sergio Bergman, que aspira a una silla en la Cámara de Diputados nacional. Los artículos 92, 93 y 94 de la constitución local regulan el juicio político. Por ejemplo, el artículo 93 establece: “Cada dos años y en su primera sesión, la Legislatura se divide por sorteo, en una sala acusadora integrada por el setenta y cinco por ciento de sus miembros y en una sala de juzgamiento compuesta por el veinticinco por ciento restante, respetando la proporcionalidad de los partidos o alianzas.”
Y el artículo 94 dice que la Sala Acusasora “da curso a la acusación con el voto favorable de los dos tercios de sus miembros”. Aunque nada indica hoy que el PRO pueda perder cl control de la situación, en Bolívar 1, todos recuerdan que también Aníbal Ibarra daba por hecho que el juicio político no iba a prosperar y terminó destituido.
¿Por qué?
La versión sobre la elevación a juicio oral de la causa de las escuchas antes de fin de año está dando lugar a distintas interpretaciones políticas. Una de las mismas entiende que la presidente, ante su inevitable derrota electoral del próximo 27 de octubre, estaría decidida a que también los principales candidatos opositores, empezando por Macri, queden fuera de carrera. Según otra visión, el ataque judicial final a éste apuntaría a evitar una alianza del PRO con el Frente Renovador de Sergio Massa, algo que ya empezó a darse en la provincia de Buenos Aires. Un eje Macri-Massa podría generar para el 2015 una oferta electoral lo suficientemente fuerte como arrinconar al gobierno. Claro está que tampoco faltan interpretaciones más suspicaces. Por ejemplo, que el cristinismo estaría asustado por el crecimiento exponencial de Massa y que optaría entonces por victimizar a Macri llevándolo a juicio oral para reforzarlo así políticamente y que haga de contrapeso de Massa. De un modo u otro, hay motivos para pensar que CFK no estaría dispuesta a contemplar estoicamente su propio derrumbe.
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