El kirchnerismo impulsó la separación, pero la oposición se opuso
Por Paz Rodriguez Niell | LA NACION
En un plenario convocado de urgencia, el Consejo de la Magistratura separó ayer al juez José Charlín, subrogante en Santa Rosa, La Pampa, acusado por sus empleados de acosos y maltratos, incluida una amenaza con un arma.
Charlín es el titular del juzgado de General Pico, que todavía no está habilitado, y estaba cubriendo la vacante del juzgado federal de Santa Rosa. Anteayer, el fiscal Juan Baric había pedido a la Justicia que lo apartaran «de inmediato». Una de las funcionarias que declararon en su contra dijo que, «totalmente desequilibrado», le había pedido a su custodio el arma reglamentaria y, en posición de tiro, había dicho que le daría «entre las cejas» a otra empleada.
Cuando se conoció la gravedad de las acusaciones, el Consejo llamó a un plenario extraordinario. Hacía 147 días que no sesionaba. «Tenía que aparecer un loco con un revólver para reunirnos», dijo uno de los consejeros opositores a la nacion. Y todo indica que la parálisis seguirá; es un año electoral y no hay fecha prevista para un próximo encuentro.
El kirchnerismo y el presidente del Consejo, Mario Fera, promovieron el cese de Charlín. La oposición se opuso. No defendieron al juez -identificado con el kirchnerismo-, pero afirmaron que no podían correr a un subrogante designado por la Cámara de Bahía Blanca.
La pelea tiene que ver con la vigencia de la nueva ley del Consejo. Las atribuciones para remover subrogantes surgen de esa reforma, que impulsó el Gobierno y fue suspendida, en sus aspectos centrales, por fallos judiciales. Uno de ellos, el del «caso Rizzo», suspendió el artículo 6. Ese artículo incluye las atribuciones del Consejo sobre los subrogantes.
«No tenemos facultades», advirtió Daniel Ostropolski, consejero por los abogados, que afirmó que la Cámara en lo Contencioso había sido terminante. Fera y el kirchnerismo discreparon de él: dijeron que no podían considerarse «no aplicables en forma genérica» las atribuciones del Consejo. «Entonces, ¿qué propone?», le dijo a Ostropolski el diputado kirchnerista Carlos Moreno, cansado de la discusión. «Esto es urgente.»
En el mismo sentido, Fera dijo que la situación era de una «estricta excepcionalidad» y propuso dejar al frente del juzgado a la secretaria penal, Iara Silvestre. Finalmente, eso fue lo que se resolvió.
«No estamos en ningún marco de excepcionalidad», le contestó el senador radical Mario Cimadevilla. «Asistimos a una larga situación de manoseo al Consejo, tanto que ni siquiera sabemos cuáles son nuestras atribuciones», dijo. La culpa, según él, es de la Presidenta: «Hubo un avance del Poder Ejecutivo para designar jueces obedientes y apartar a los probos que no le den la razón».
Marcelo Fuentes, también senador pero oficialista, lo frenó sonriente: «Estamos siempre dispuestos a hablar de todo lo que usted quiera, pero hoy fuimos convocados por este tema. Votemos». Ostropolski, Cimadevilla y Alejandro Fargosi se opusieron. Perdieron por tres contra ocho.
Falta resolver ahora qué pasará con Charlín cuando se ponga en funcionamiento el juzgado de General Pico, del que es titular. Parece difícil que llegue a asumir. Por lo pronto, Justicia Legítima -agrupación cercana al kirchnerismo a la que adhiere Charlín- tomará distancia de él. Sus autoridades trabajaban ayer en un comunicado para que no quedaran dudas de que no piensan protegerlo.
Asesores dijeron que no vieron bolsos
Tres asesores del ex presidente Néstor Kirchner declararon en la Justicia que nunca vieron a funcionarios con bolsos con dinero en la Casa de Gobierno y pusieron en duda el testimonio de la ex funcionaria Miriam Quiroga, quien denunció haber visto esa situación.Marta Torres y Sandra Lafuente, asesoras presidenciales desde la época de Kirchner, y Walter Abarca, diputado del Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires, negaron al juez federal Luis Rodríguez haber visto bolsos con dinero, como había dicho Quiroga..