El fiscal Federico Delgado dio curso a una denuncia que había hecho Elisa Carrió. Imputó a Bossio Y otros dos funcionarios.
El fiscal federal Federico Delgado impulsó ayer una investigación contra el titular de la ANSES, Diego Bossio, el secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa, y el de Finanzas, Adrián Cosentino, para determinar si se utilizaron millonarios fondos de los jubilados para realizar pagos irregulares a la petrolera venezolana PDVSA y financiar otros gastos del Estado. Delgado dio curso a una denuncia que habían hecho las dirigentes de Coalición Cívica Elisa Carrió y Fernanda Reyes “por el posible desvío de dinero perteneciente al organismo previsional a través de cuatro resoluciones que habrían sido publicadas después de ocho meses en el Boletín Oficial”.
Se trata de la suscripción de Letras del Tesoro por 835 millones de pesos tomados del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del Sistema Integrado Previsional Argentino, y de 1.400 millones de dólares de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) y Energía Argentina (ENARSA) “con el objeto de cancelar las obligaciones con PDVSA”. Esos 1.400 millones de dólares están discriminados en 1.378.357.753 a favor de CAMMESA -el organismo más beneficiado por subsidios y cuya gerenta de Finanzas, Paula Español, secunda a Daniel Filmus como precandidata a senadora por del Frente para la Victoria- y 21.642.247 para ENARSA.
La letra suscripta por el FGS fue validada el 28 de noviembre de 2012, en tanto la correspondiente a CAMMESA y ENARSA fue habilitada el 18 de octubre del mismo año. Sin embargo, ambas resoluciones fueron publicadas en el Boletín Oficial el 28 de junio de 2013, es decir 7 y 8 meses después de los días en que están fechadas. El fiscal advirtió que “la denuncia pone foco en estas dos resoluciones”, que ya habían sido señaladas por Carrió y Reyes. “Sin ley que lo habilite, sin parámetros que expliquen las condiciones, montos, plazos, intereses, etcétera, se habrían emitido Letras nueve meses antes que la norma lo establezca, vulnerando así el imperativo legal de publicidad en los actos de gobierno. Tal vez se trate de una operatoria que oculta un delito mayor”, habían asegurado.
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