El juez Bonadio citó para el 10 de julio al secretario de Comercio Interior por multar a las consultoras que miden la inflación; la causa se originó por una denuncia de Finsoport, de Jorge Todesca
El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, deberá explicar ante la Justicia porqué multó a las consultoras privadas que miden la inflación, cuyas estadísticas han duplicado las cifras del Indec.
El juez Claudio Bonadio, titular del juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, citó a indagatoria para el próximo 10 de julio a Moreno, en una causa en la que el funcionario había sido denunciado por la consultora Finsoport SA, de Jorge Todesca, por abuso de autoridad por aplicarle multas, según la acusación, de manera irregular, según difundió hoy el Centro de Información Judicial.
La citación de Bonadio llega poco más de un mes después de que la Cámara Contencioso Administrativo revocara todas las multas que Moreno había aplicado. El juez ya había incorporado al expediente la resolución de cuatro de las cinco salas de la Cámara y las declaraciones testimoniales de los consultores económicos.
Pero Moreno no será el único funcionario de la Secretaría de Comercio que deberá sentarse frente al magistrado. El 4 de julio será el turno de Guillermo David y Fernando Carro, actual director de la Dirección Nacional de Comercio Interior. A su vez, el 8 de julio tiene que declarar Adalberto Gabriel Rotella, director de Lealtad Comercial, de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor.
La presión de Moreno sobre las consultoras comenzó en 2011, cuando distintos estudios privados decidieran elaborar y divulgar sus propios índices ante la falta de credibilidad en las cifras oficiales. El secretario comenzó a sancionarlas con multas de 500.000 pesos, con el argumento de que violaban la ley de lealtad comercial.
Además de la denuncia hecha en particular por algunos de los estudios, como fue el caso de Finsoport SA, ocho consultoras entregaron sus estadísticas a diputados de la oposición para que ellos lo difundan. Los legisladores acordaron que sea la Comisión de Libertad de Expresión la que difunda esos números.
Moreno justificó su presión basado en la aplicación del artículo 9 de la ley de lealtad comercial, que le permite al Estado multar a una empresa que, mediante publicidad inexacta, induce a engaño a los consumidores..
Fuente: La Nación