En respuesta a las demandas callejeras, planteó cinco pactos con los gobernadores para impulsar cambios de fondo en el país; la principal iniciativa es convocar a una asamblea constituyente
RÍO DE JANEIRO.- Con decisión y astucia, Dilma Rousseff retomó la iniciativa política.
Después de dos semanas de estar a la defensiva frente a las masivas protestas que sacudieron al país en reclamo de mejores servicios públicos y en rechazo a la corrupción, la presidenta de Brasil sorprendió ayer al proponer un plebiscito para convocar a una asamblea constituyente que realice una reforma política, el punto central de una serie de cinco pactos que les planteó a gobernadores, alcaldes y congresistas.
«La energía que viene de las calles es mayor que cualquier obstáculo», afirmó la presidenta al comenzar un encuentro en el Palacio del Planalto con gobernadores, alcaldes y sus principales ministros. «Brasil está maduro para avanzar y ya dejó en claro que no quiere quedarse parado donde está», resaltó.
El plebiscito popular, que como muy temprano podría organizarse dentro de un mes, sería para llamar a «un proceso constituyente específico para la reforma política», aclaró. De ser aprobado, la asamblea constituyente que luego deberá ser conformada mediante elecciones se limitará a modificar aspectos políticos de la actual Constitución, de 1988, y no toda la Carta Magna.
Rousseff señaló que las prioridades serían que se incremente la participación popular y se amplíen los horizontes de ciudadanía, así como que se establezcan mecanismos más efectivos para el combate de la corrupción.
«En este sentido, una iniciativa fundamental es una nueva legislación que clasifique la corrupción dolosa como equivalente a crimen repugnante, con penas severas, mucho más severas», resaltó.
En la reunión, a la que asistieron los líderes de los 26 estados brasileños y del Distrito Federal de Brasilia, así como los alcaldes de las 26 capitales estatales, Rousseff esbozó otros cuatro «pactos nacionales» para atender las principales reivindicaciones que se escucharon con fuerza en las calles estos últimos días.
El primero fue un compromiso de «responsabilidad fiscal para garantizar la estabilidad económica y el control de la inflación». Las protestas originales se habían iniciado por un aumento en las tarifas de transporte en San Pablo y Río de Janeiro, medida que luego fue revertida ante la magnitud que alcanzaron las marchas. En los últimos 12 meses, la inflación fue de 6,5%, crecimiento que tuvo un fuerte impacto en el bolsillo de la gente.
El segundo pacto tiene como eje la salud. Rousseff pidió acelerar inversiones en esta delicada área y reafirmó su intención de importar médicos del extranjero como medida de emergencia para asegurar una mejor atención en lugares remotos del país.
En tercer lugar, propuso un amplio acuerdo para mejorar la movilidad urbana. Anunció que el gobierno destinará unos 25.000 millones de dólares para inversiones en transporte público para construir más sistemas de subte, trenes y colectivos, y que está dispuesta a eliminar tributos federales al diésel usado por colectivos y a la electricidad de trenes y subtes.
Por último, en el pacto sobre educación, reiteró que insistirá en el Congreso con su propuesta presentada el año pasado para destinar a proyectos educativos el 100% de las ganancias obtenidas de la explotación petrolera en las aguas profundas del Atlántico. «Confío en que los señores congresistas aprobarán ese proyecto que tramita el Legislativo con urgencia constitucional», apuntó en tono de advertencia al Congreso, donde su iniciativa permanece estancada desde hace meses.
Rousseff aprovechó la oportunidad de este nuevo mensaje -transmitido en directo por casi todos los canales de televisión y las estaciones de radio- para resaltar una vez más que no tolerará actos de violencia como los que ocurrieron en varias de las manifestaciones.
«Mi gobierno no va a transigir en el mantenimiento de la ley y el orden, cohibiendo la acción de vándalos revoltosos que intentan perturbar el carácter pacífico de las manifestaciones», señaló, y ofreció a los gobernadores y alcaldes la ayuda de las fuerzas de seguridad federales necesarias para garantizar la paz.
Poco antes de esa reunión, Dilma participó de un encuentro con algunos jóvenes líderes del Movimiento Pase Libre (MPL), que organizaron las primeras marchas en contra del alza en el boleto de transporte en San Pablo. Aunque agradecieron la invitación de Rousseff al Palacio del Planalto, los dirigentes del MPL no salieron muy convencidos de allí.
«El diálogo es un paso importante, pero sin acciones concretas que confirmen mejoras para la población no existe avance», dijo la estudiante Mayara Vivian, que criticó los multimillonarios gastos en estadios para el Mundial de fútbol del próximo año y dejó entrever que las protestas continuarán. De hecho, ayer hubo manifestaciones menores en algunas ciudades.
En las afueras de Brasilia, dos mujeres se convirtieron en la tercera y la cuarta víctimas mortales de esta oleada de protestas cuando fueron atropelladas por un auto que rompió el bloqueo de una ruta.
LOS CINCO PUNTOS DEL PACTO QUE PROPUSO DILMA
Inflación, corrupción, salud, educación y transporte
Imprimir una mayor responsabilidad fiscal para controlar la inflación
Impulsar un reforma política profunda que amplíe la participación popular y mejore los mecanismos de combate de la corrupción. La propuesta implica realizar un plebiscito para convocar a una Asamblea Constituyente
Acelerar las inversiones en salud, importar médicos extranjeros como medida de emergencia para mejorar y expandir la atención médica primaria
Dar un salto de calidad en el transporte, con mayores inversiones en subtes y corredores exclusivos para colectivos
Destinar a la educación el 100% de los recursos obtenidos de la explotación petrolera del «pre-sal»
Fuente: La Nación