La elección de Dilma Rousseff para suceder a Luiz Inácio Lula da Silva en la presidencia de Brasil reflejó de manera clara el momento favorable vivido por la economía brasileña en los últimos años. Independiente del carisma político de Lula, y de su capacidad de transferir parte de su elevada popularidad a una candidata que nunca antes había disputado una elección, el aumento del bienestar, -el «feel good factor», principalmente para los sectores de bajos ingresos- parece haber sido decisivo en la definición de estas elecciones.
Entre los factores determinantes de ese incremento del bienestar están la recuperación del crecimiento económico, en especial durante el segundo mandato de Lula y su incidencia en el mercado laboral, en que la tasa de desempleo alcanzó los niveles más bajos de la historia y la renta real de los trabajadores ha ido creciendo de forma sistemática hace ya varios años. Una política agresiva de aumentos reales para el salario mínimo, con efectos amplificados sobre las transferencias de renta asociadas a la Previsión Social y programas de transferencia de renta a familias pobres, contribuyeron también para mejorar las condiciones sociales y estimular la demanda interna. Por último, el mantenimiento de la inflación en umbrales bajos, reflejando la continuidad del régimen de objetivos de inflación con autonomía operativa del Banco Central, permitió que la tasa real de interés declinara significativamente y que la oferta del crédito se duplicase ampliamente en relación con 2003. De esa forma, a partir de 2004, el consumo creció a una tasa media anual superior al 5%.
Ante ese cuadro favorable, debería suponerse que habría poco que cambiar en el nuevo gobierno. En cierta medida, esa percepción fue corroborada por el anuncio del equipo económico del nuevo gobierno, en el que se destaca el mantenimiento de Guido Mantega como Ministro de Hacienda. Por consiguiente, las señales apuntan a que habrá continuidad de las principales directrices de la política económica lo que representa, contrariamente a lo que se podría imaginar, un fuerte aumento de los riesgos para la economía brasileña. Eso porque, por detrás del desempeño favorable de la economía en los últimos años se vienen acumulando graves desequilibrios que amenazan la propia estabilidad macroeconómica alcanzada con tanto esfuerzo.
El primer desafío a enfrentar es la aceleración de la inflación. En 2010, la inflación habrá salido de un umbral del 4,3% en 2009 a cerca del 5,6%, según las proyecciones más recientes. La meta inflacionaria es del 4,5%, con un intervalo de tolerancia de +/-2%, y las expectativas para 2011 vienen aumentando sistemáticamente, estando próximas al 5,2%. Los últimos índices revelan que, más allá de las presiones de los alimentos, asociadas al alza de los precios de los commodities, la aceleración de la inflación se generalizó. En especial, los aumentos de los precios de los servicios que vienen reflejando los generosos aumentos reales concedidos al salario mínimo y al incremento de la demanda interna, que sigue creciendo a tasas superiores al 10% anual, muy por encima de la tasa a la que se expande la producción.
AUTONOMÍA DEL BC. Parece inevitable el aumento de los intereses, interrumpido a mediados de año en medio del proceso electoral. No obstante hay muchas dudas en cuanto al grado real de autonomía que disfrutará el Banco Central en el nuevo gobierno para alcanzar la meta inflacionaria, ya elevada según términos internacionales y aun considerando que el nuevo presidente ya integraba el actual directorio y que es reconocido por su capacidad técnica. Ante la meta determinada por la presidente de que los intereses reales, actualmente cerca del 6% anual, se reduzcan al 2% anual en los próximos cuatro años, se puede anticipar una continuación de las tensiones entre las autoridades fiscales y las monetarias, si bien dentro de un contexto más favorable para las primeras. En el gobierno de Lula, la autonomía del Banco Central estuvo garantizada por el propio presidente, pero el sesgo desarrollista de su sucesora, justifica cierta cautela en relación con la política monetaria y la cuestión inflacionaria.
El aumento de la demanda se viene traduciendo también en presiones sobre la cuenta corriente de la balanza de pagos. En el acumulado del año, hasta octubre, las exportaciones crecieron un 8% y, las importaciones, un 40%. Si las repercusiones de esa diferencia de tasas de crecimiento sobre el resultado en cuenta corriente en dólares no son mayores es porque el país se está beneficiando de un shock favorable de los términos de intercambio, del orden del 20%, lo que coloca a esa relación en el nivel más alto de toda la historia. No obstante, el deterioro es claro y el déficit en cuenta corriente debe alcanzar el 2,5% del PIB este año, ante el 1,5% del 2009. Estos todavía no son niveles preocupantes, ya sea por la posición cómoda de las reservas internacionales con que cuenta el país, ya sea por la coyuntura externa de liquidez internacional abundante y flujos financieros voluminosos en busca de rentabilidad en los mercados emergentes. Pero apuntan hacia una tendencia que puede aumentar la vulnerabilidad externa ante un agravamiento de la situación en los países centrales.
El elemento más crítico del andamiaje macroeconómico y en el que radican las mayores dudas, ya que fue donde se observó el mayor deterioro, es la política fiscal. Si en el curso de 2009 la retracción de la actividad justificó el fuerte aumento de los gastos y la reducción de la recaudación más allá del efecto de los estabilizadores automáticos, en 2010 tendría que haber habido una recomposición con el aumento del esfuerzo fiscal destinado a la generación de un superávit primario más elevado. Los datos hasta septiembre muestran un desempeño semejante al de 2009, en torno del 2% del PIB, si bien en un contexto en que la recaudación crecía más del 10% en términos reales, mientras que en el primer período caía en un 7% en relación con igual período del año anterior. O sea que, aun con la economía creciendo un 7,5% en 2010, el superávit primario del año será semejante al de 2009, en que el crecimiento fue nulo.
ARTILUGIOS. Esa caracterización de la política fiscal expansiva, deliberadamente corrigió los números oficiales, expurgando la contabilidad de la concesión de las reservas de petróleo, que son propiedad de la Unión, pasándola a Petrobras, por un valor de R$ 74 mil millones. Mediante artilugios contables, el gobierno está produciendo resultados fiscales que parecen indicar el cumplimiento de la meta de superávit primario (fijada en el 3,1% del PIB para el año en curso), sin que eso represente un esfuerzo fiscal real. Esa práctica se está siguiendo desde 2008, en que se pasaron a deducir las inversiones del gobierno de los gastos, con el objeto de cumplir con la meta del superávit primario. De la misma manera, las transferencias de recursos al BNDES mediante la emisión de títulos públicos, en un volumen que ya suma más de R$ 200 mil millones, pasaron a contabilizarse como préstamos, lo que las vuelve neutras desde el punto de vista de la deuda neta. Desde entonces se han multiplicado los artilugios contables, al punto de plantear dudas en cuanto a la utilidad de los indicadores fiscales divulgados.
En un contexto de demanda interna creciente, mercado laboral comprimido y crédito en expansión, la política fiscal expansiva contribuye a profundizar los desequilibrios interno (aceleración de la inflación) y externo (déficit en cuenta corriente). Las señales del nuevo gobierno indican que habría una reversión de ese cuadro, con la recuperación de los superávits primarios sin recurrir a artilugios contables ni a la deducción de las inversiones. La nueva presidente estableció como meta reducir la deuda neta del sector público del actual 41% del PIB al 30% al final de su mandato. Teniendo en cuenta las posiciones repetidamente defendidas, tanto por la presidente electa como por su Ministro de Hacienda, sobre la importancia del Estado y del gasto público para el crecimiento, existe por cierto el riesgo de que esa meta, combinada con aquella de reducción de la tasa real de interés, conlleve reducciones artificiales de la tasa nominal de interés, con mayor tolerancia en relación con el proceso inflacionario. Las consecuencias de ese retroceso serían sumamente negativas para el crecimiento sostenible a largo plazo.
Fuente: elpais.com.uy