Para solucionar el conflicto con la UTA, el Gobierno le devolvió los subsidios a las empresas de larga distancia. Entregará $100 por cada pasaje para discapacitados y una compensación por los viajes a destinos donde los colectivos compiten con Aerolíneas. Los empresarios reclamaban 840 millones. «Se acabaron los subsidios», había dicho Tomada.
Después de una larga disputa en las oficinas del Ministerio de Trabajo y la Secretaría de Transportes, finalmente las empresas de micros de larga distancia lograron su objetivo y será el Gobierno nacional quien absorba el aumento del 23% que se había decretado para destrabar el conflicto con la UTA.
Según la resolución 513 publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma de Florencio Randazzo, el Estado otorgará un subsidio de 100 pesos por cada pasaje de usuarios con discapacidad y una compensación de «1 peso por kilómetro recorrido para cada servicio que se preste» a 14 de los principales destinos del país (Bahía Blanca, Córdoba, Corrientes, Puerto Iguazú, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Río Gallegos, Salta, Tucumán, Bariloche, Comodoro Rivadavia, San Martín de los Andes y Viedma).
La decisión oficial choca con las declaraciones que los funcionarios habían realizado apenas un mes atrás. «Se terminó el tiempo de los subsidios para la actividad de larga distancia», afirmó el ministro Carlos Tomada a principios de mayo. «De ninguna manera se puede pensar en un subsidio generalizado», agregó.
Sin embargo, el Gobierno justificó hoy la devolución de los subsidios al señalar que el transporte de larga distancia «constituye un servicio esencial para la comunidad, cuya prestación el Estado Nacional debe asegurar». Además, retoma los argumentos de los empresarios y asegura que el servicio es «un elemento clave que permite la conexión entre aproximadamente 900 ciudades».
Los 14 destinos elegidos coinciden con los de mayor presencia de Aerolíneas Argentinas, que ofrece unos precios que los empresarios del transporte terrestre consideran muy bajos. De hecho, la primera medida para destrabar el conflicto de parte del Gobierno fue un aumento del 20% en los vuelos de cabotaje.
Según los empresarios de micros, de las 900 ciudades que cubren con su servicio, apenas unas 20 son rentables. Justamente en esos destinos, Aerolíneas ofrece precios muy ventajosos y había lanzado una agresiva campaña publicitaria para “robarle” pasajeros al transporte terrestre.
Los precios de Aerolíneas se explican con el fenomenal desembolso de subsidios que recibe. Como explicó LPO cuando comenzó el conflicto con los colectivos, la empresa manejado por Mariano Recalde recibe anualmente más de 5 mil millones de dólares, mientras que a los micros se le quitaron unos 450 millones en concepto de combustible y peajes. “Aerolíneas nos está matando”, había dicho una fuente del sector empresarial.
Para poder hacer frente al aumento salarial del 23% que había decretado el ministerio de Trabajo, los empresarios reclamaban una asistencia de 840 millones de pesos anuales. Con la compensación por los pasajes de discapacitados, obtendrán unos 400 millones de pesos y el resto lo conseguirían con la compensación a los 14 destinos.
En la resolución firmada por Randazzo, se establece que los nuevos subsidios se “deberán asignar los fondos al cumplimiento de lo establecido en lo determinado en la Resolución Conjunta de la Secretaria de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Nº 502/13 y de la Secretaria de Transporte del Ministerio del Interior y Transporte Nº 264/13”.
Ese documento estableció que para «los meses de enero, febrero y marzo se aplicará un incremento salarial del 18% con carácter de no remunerativo que se abonará en dos cuotas iguales, pagaderas con los salarios de mayo y julio». Además, «a partir del primero de abril y hasta el 31 de diciembre los salarios de los trabajadores se incrementarán en un 23% con carácter remunerativo».
Para poder resolver los detalles de cómo se efectivizará el aumento a los choferes, esta tarde habrá una nueva reunión en el Ministerio de Trabajo.
lapoliticaonline.com