La presidenta les dio vuelta la cara a los aborígenes que reclaman que se ponga punto final a la represión en feudos K. Volverán a manifestarse
Para la presidenta Cristina Fernández la defensa de los derechos humanos solamente se circunscribe al período 1976-1983, siempre y cuando ello coincida con los intereses de las organizaciones lideradas por Hebe de Bonafini y Estela de Carlotto, que ya son un mero apéndice de su gobierno.
En cambio, los derechos humanos de la actualidad, ni siquiera están en agenda de la primera mandataria. Una clara muestra de ello es que rechazó darles cinco minutos de su tiempo a los representantes de las comunidades indígenas que estuvieron protestando en Plaza de Mayo contra la represión que viene sufriendo en los feudos que tiene el kirchnerismo en el interior del país.
Ante la falta de respuestas, las comunidades originarias resolvieron ayer levantar el campamento que mantenían frente a la Casa Rosada y realizarán protestas cada miércoles en el mismo predio, que se cumplirán también en el interior del país.
Los representantes de las comunidades, acompañados por dirigentes de organizaciones de Derechos Humanos que no forman parte de la administración K y legisladores nacionales, realizaron una la vigilia tras entregar el petitorio con sus reclamos en Casa de Gobierno.
La concentración en la Plaza de Mayo fue decidida por quienes participaron en la Cumbre de Pueblos Indígenas de Argentina, que se realizó entre el lunes pasado y ayer en la capital formoseña.
El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, expresó su deseo de que la Presidenta «tenga la conciencia y el corazón abierto para ayudar a resolver los problemas» de los pueblos originarios.
Pérez Esquivel se preguntó si las comunidades «están comprendidas» en los «40 millones» de los que habla la jefa del Estado.
«Acá no puede haber ciudadanos de primera y de segunda. Cuando la Presidenta habla de que gobierna para 40 millones de argentinos, no sé si los pueblos originarios están comprendidos en ellos», expresó.
El dirigente de derechos humanos manifestó que persiste «una falta de respeto con los pueblos originarios» y «una persecución sistemática», y mencionó «el caso de los qom de Formosa, donde se les ha quemado viviendas, se judicializan y no se respeta ni la Constitución Nacional ni la declaración de las Naciones Unidas».
En tanto, el presidente de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy, que también se hizo presente en la protesta, dijo en que los relevamientos que realizaron arrojaron que la mayoría de las provincias afectadas no hicieron «rendición de cuentas» de los fondos que debían destinar a las comunidades para realizar estudios territoriales.
Las autoridades de la provincia de Formosa, sostuvo Despouy, mantienen una «actitud temeraria y preocupante», y advirtió que «hay una situación tremenda con la persecución de las comunidades indígenas», lo cual «se ha agravado». Cabe recordar que el gobernador de esa provincia, Gildo Insfrán, estuvo en el escenario principal durante el acto que encabezó la presidenta el último 25 de mayo.
Los legisladores del PRO José Luis Acevedo y Daniel Lipovetzky, y el subsecretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural porteño, Claudio Avruj, expresaron en Plaza de Mayo su solidaridad con los pueblos originarios.
«Estamos en la Plaza de Mayo, junto a los representantes de los pueblos originarios que están acampando aquí para solidarizarnos con el reclamo que ellos tienen respecto de la propiedad de sus tierras, también estamos en contra de la violencia que se ejerce contra ellos», sostuvo Acevedo.
Lipovetzky, por su parte, enfatizó que «el gobierno nacional no puede seguir permitiendo el hostigamiento contra esta comunidad».
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