En su informe anual, Amnesty Internacional señaló que uno de cada dos seres humanos permanece en la categoría de ciudadanos de segunda.
La organización no gubernamental de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) señaló hoy en su tradicional informe anual que uno de cada dos seres humanos permanece en la categoría de ciudadanos de segunda ya que no puede disfrutar plenamente de sus derechos.
La ONG agregó, en el habitual informe anual emitido desde su sede en Londres, que en 112 países se torturó a sus ciudadanos y en 101 se violó el derecho a la libertad de expresión.
Según la contabilidad de AI, 80 países sometieron a personas a juicios injustos y en 57 se detuvo a presos de conciencia, informó la agencia de noticias EFE.
El informe de la organización de DDHH fue particularmente crítico de países en conflicto con las potencias occidentales o que éstas consideran violadores de los DDHH, como Siria, China, o Corea del Norte, y también se extendió en denuncias sobre el gobierno argelino.
En el caso del conflicto civil que vive Siria, el informe denuncia abusos y crímenes tanto por parte de las fuerzas del Gobierno como también de la oposición. La oposición armada y las fuerzas represivas ya se han cobrado más de 70.000 vidas, según la ONU.
Según AI, la mayor responsabilidad recae en las fuerzas del gobierno, y portavoces de la ONG llegaron a plantear la necesidad de quebrantar la soberanía siria desde el Consejo de Seguridad de la ONU para acabar con la guerra, que incluye ataques aéreos indiscriminados contra zonas residenciales, proyectiles de artillería, mortero, armas incendiarias y bombas de racimo.
El gobierno sirio, afirma la organización con sede en Londres, detuvo con apoyo de milicias civiles a miles de personas, incluidos menores, y sometió a muchos a torturas, malos tratos e incluso desapariciones forzadas y muertes bajo custodia.
Los abusos, agrega AI, también fueron cometidos por los grupos armados que luchan contra el Gobierno, incluidos crímenes de guerra: torturaron y ejecutaron sumariamente a soldados y miembros de milicias afines, además de efectuar bombardeos indiscriminados que mataron a muchos civiles.
Cientos de miles de personas se vieron obligadas a huir de sus hogares: AI dijo que la ONU calcula que en Siria hay más de dos millones de desplazados internos sometidos a privaciones extremas, y que desde el inicio del conflicto, en marzo de 2011, hay casi 600.000 refugiados en países vecinos en duras condiciones de vida.
Con respecto a Corea del Norte, el informe anual de AI subraya la desprotección que padece la mayoría de la población norcoreana, afectada por continuas hambrunas y violaciones sistemáticas y graves de sus derechos.
El pasado año, dice la ONG, «millones de personas sufrían inseguridad alimentaria continua y seguían dependiendo de la ayuda exterior» y había «graves diferencias entre la ingesta de nutrientes recomendada (por las instituciones internacionales) y la real».
Al mismo tiempo, dice, «decenas de miles de personas continuaban recluidas» en campos de concentración y «la tortura y los malos tratos parecían generalizados en los campos penitenciarios».
Las autoridades chinas, según AI, sometieron a un férreo hostigamiento y control a los ciberactivistas y a cualquier sujeto comprometido en la defensa de los derechos humanos.
«Al menos 130 personas fueron detenidas o sometidas a restricciones para sofocar las críticas e impedir las protestas antes de la transición de liderazgo iniciada en el 18 Congreso del Partido Comunista Chino», en noviembre de 2012, denuncia la ONG.
Se acusó de «poner en peligro la seguridad del Estado, incitar a la subversión» y «filtrar secretos de Estado» a numerosas personas, que fueron condenadas a largas penas de cárcel, en muchos casos por publicar blogs en Internet o facilitar en el extranjero información considerada delicada.
Por otra parte, el acceso a la justicia, dijo AI, «siguió siendo difícil» para muchos ciudadanos chinos, pero el gobierno siguió recurriendo a la justicia penal para castigar a quienes lo critican, con cientos de personas enviadas a campos de reeducación o a prisión por «ejercer sus derechos pacíficamente».
La ONG también llamó la atención sobre las restricciones a la libertad religiosa, en particular en lo referido a musulmanes, budistas y cristianos y a los integrantes de la secta Falun Gong. Quienes practicaban su religión «fuera de los cauces oficialmente autorizados sufrieron tortura, hostigamiento, detenciones arbitrarias, prisión y otras restricciones graves», afirma.
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