El vicepresidente, junto el titular de la Anses Diego Bossio, fueron imputados por sus vinculaciones con una consultora que hizo ganar millones a bancos de Estados Unidos.
Una nueva causa judicial por corrupción complica a funcionarios del gobierno kirchnerista. El vicepresidente Amado Boudou y el titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), Diego Bossio, fueron imputados penalmente en la causa que investiga si estuvieron vinculados a una consultora que participó del canje de deuda en default de 2009.
El fiscal federal Jorge Di Lello imputó a los funcionarios al pedirle al juez Ariel Lijo iniciar formalmente una investigación contra ambos, y solicitó una serie de medidas de prueba. La causa se inició con una denuncia del diputado nacional de Proyecto Sur Fernando «Pino» Solanas contra Boudou, entonces ministro de Economía, y Bossio, por presuntos vínculos con la consultora Arcadia, cuyos titulares habrían estado relacionados con grupos financieros acreedores del Gobierno argentino.
«La consultora Arcadia se reunió con bancos de Estados Unidos que fueron luego los que hicieron las propuestas de canje. Tuvieron información privilegiada y compraron a precio regalado los títulos argentinos. Después se presentaron al canje y obtuvieron ganancias que superaron el 80% en dólares», sostuvo ayer Solanas.
Esta nueva instancia judicial se suma a las investigaciones a las que es sometido Boudou, por presunto enriquecimiento ilícito y por su posible actuación en el salvataje y estatización de la empresa Ciccone. Precisamente, el juez Ariel Lijo rechazó una solicitud de sobreseimiento de Boudou en la segunda causa.
“Este caso es una muestra más del saqueo al que es sometido nuestro país y de cómo la corrupción atraviesa los poderes públicos y privados”, dijo Solanas en relación al presunto tráfico de influencias a favor de la consultora Arcadia, que denunció a partir de un pedido de informes que había presentado en el Congreso su par Claudio Lozano. A partir de la investigación de Lozano todos los presidentes de bloques firmaron el pedido de informes para que el Gobierno enviara al Congreso la lista de los dueños de los títulos que entraron al canje, pero no recibieron respuesta, con la intención de detectar a “amigos del poder”.
Antes del canje de 2010, Arcadia había intervenido en procesos de renegociación de bonos provinciales en distritos gobernados por el kirchnerismo. A nivel nacional, la firma fue acusada también de haber cumplido un dudoso doble rol: acreedor del país y asesor de Barclays, que lideró la reestructuración. Lozano, además, afirmó que «incluso trabajaba para Arcadia un hermano de Bossio».
Según el diputado, las reuniones de Arcadia con los bancos de Estados Unidos que fueron los que hicieron las propuestas de canje se realizan desde 2008. Y después “compraron a precio de remate títulos argentinos”, dijo Lozano.
Una papa caliente para los jueces
El expediente judicial por tráfico de influencias de funcionarios K en el canje de deuda de 2010 estuvo trabado durante varios meses por un conflicto de competencia entre Ariel Lijo, el juez que finalmente se quedará con el caso, y su par Marcelo Martínez de Giorgi. El fiscal Jorge Di Lello, que ahora impulsó la investigación, había sostenido que no le correspondía a él ni a Lijo tomar el caso porque la denuncia de Solanas debía acumularse a una causa ya existente en el juzgado de Martínez de Giorgi. La Cámara Federal sostuvo que ese planteo era «prematuro» y le devolvió el expediente.
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