La Justicia porteña asegura que se realizan 20 por semana. En la Ciudad hay 500.000 personas en emergencia habitacional, un problema que parece no tener solución a corto plazo
La Justicia porteña alertó sobre el incremento de las denuncias por la usurpación de viviendas, aquellas tomas de inmuebles que se hacen por la fuerza, e informó que recibe cerca de 20 denuncias por semana. Estos datos fueron suministrados por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, que desde 2008 tiene a su cargo el delito de usurpación.
Según dicho organismo, el año pasado se recibieron 969 denuncias, contra 928 de 2011 y 961 de 2010. Pero esta problemática ocupacional no es nueva sino que lleva varias décadas y ningún gobierno ha sabido encontrarle una solución. Un ejemplo de esto es que, en 2004, la Legislatura porteña sancionó una ley de Emergencia Económica a través de la cual se disponía suspender los desalojos de edificios estatales porteños y crear el fondo especial para que se encargue de aquellas personas que no cuentan con una casa propia. Sin embargo, en 2011, el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, vetó una prórroga y ese fondo nunca se terminó de llevar a cabo, lo que dejó nula la medida.
Germán Garavano, fiscal general de la Ciudad, explicó, en diálogo con el diario Clarín, cómo se suscitan los casos en la actualidad: “Hay un esquema delictivo y a veces casi político detrás de las usurpaciones. En muchos casos se meten a la fuerza en propiedades vacías, pero últimamente también encontramos bandas organizadas que entran con armas a un inmueble, echan a la gente y luego subalquilan o arman un aguantadero. Lamentablemente se termina dando una situación de pobres contra pobres ”.
Un ejemplo de este tipo de casas es lo ocurrido en marzo de 2011 en el complejo habitacional que se estaba terminando de construir en Villa Soldati y que contaba con ocho edificios con 171 departamentos para los habitantes del asentamiento El Pueblito.
Esos espacios fueron ocupados a la fuerza por habitantes de la villa 1.11.14 durante tres meses, en los que la gente vivió hacinada y en pésimas condiciones.
El problema principal es qué hacer con aquellas personas que no tienen vivienda, algo que no parece tener una solución en el corto ni en el mediano plazo ni un plan como para poder abordar la cuestión de fondo. “No hay cifras oficiales, pero se estima que en la Ciudad hay 500.000 personas en emergencia habitacional, entre los que viven en casas tomadas, conventillos y villas. El Ejecutivo sólo entrega subsidios en la emergencia, pero falta un abordaje integral que asista a la gente y le permita acceder a una vivienda digna. Hay muchas familias que son desalojadas y luego vuelven a ocupar otra vivienda porque no tienen dónde ir, los chicos pierden la escolaridad, hay muchos problemas asociados a un desalojo que deben ser atendidos”, aseguró Rocío Sánchez Andía, legisladora porteña de la Coalición Cívica e integrante de la Comisión de Vivienda.
Por su parte, desde el gobierno porteño defienden su protocolo de acción para cuando se presentan casos de desalojo: “Cuando el juzgado nos informa del desalojo vamos, derivamos a las familias a los 31 paradores que tenemos en nuestra red y luego la gente puede acceder a un subsidio de $ 1.200 por mes durante diez meses para alquilar otra vivienda. También nos ocupamos de la escolaridad de los chicos, de atender situaciones de violencia familiar o adicciones, y de otros temas asociados”, sostuvo Santiago López Medrano, subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario de la Ciudad.
De esa manera, se intenta emparchar una situación que, lógicamente, resurge una vez que finaliza el subsidio ya que el problema de fondo, y a solucionar con urgencia, es cómo hacer que todos los habitantes tengan acceso a una vivienda digna.
Fuente: Infobae