Llega al parlamento el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual. Buscan estimular la producción nacional.
El presidente José Mujica revisará hoy la iniciativa con su gabinete y la remitirá al Congreso. La norma estimula la producción nacional y limita a las telefónicas, entre otras medidas.
El presidente uruguayo, José Mujica, reunirá esta mañana a su gabinete y luego enviará al Parlamento la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, una norma que, consideró, «tiene mucha importancia para el país».
El proyecto que el mandatario terminará de mostrar a sus ministros en la residencia presidencial de Suárez contiene 13 amplios capítulos que agrupan los casi 180 artículos de la nueva norma, precisaron a Télam fuentes oficiales.
A lo largo de la iniciativa, de la que el diario La República precisa hoy algunos detalles, se considera como “elemento esencial” la creación de una nueva oficina regulatoria de la actividad audiovisual, con autonomía y potestades específicas con la que se haga posible el “cumplimiento eficiente” de sus cometidos.
En este sentido, refiere el matutino, el proyecto establece la creación de un “Consejo de Comunicación Audiovisual” (CCA), con el objetivo de “proponer, implementar, monitorear y fiscalizar el cumplimiento de las políticas” vinculadas a los medios electrónicos, y a su vez se consagra, con rango legal, un ámbito de participación social.
Además, establece la naturaleza de los que el proyecto denomina “Servicios de Comunicación Audiovisual” o SCA, “en tanto son servicios culturales, de índole tanto económica como cultural y de carácter estratégico para el desarrollo nacional”.
El proyecto dispone que estos servicios son de “interés público”, por lo que “es deber del Estado asegurar el acceso universal a los mismos, contribuyendo de esta forma a la libertad de información, la inclusión social, la no discriminación, la promoción de la diversidad cultural, la educación y el esparcimiento”.
Además, la iniciativa establece cuotas mínimas de producción nacional en pantalla, la obligatoriedad de que los canales cedan espacios gratuitos en épocas electorales y expresa que las empresas telefónicas no podrán explotar ondas de radio ni de televisión.
Fuente: Télam.