Así lo advirtió el presidente de la Pastoral Social, Jorge Lozano, quien señaló al gobierno nacional y los provinciales son «responsables» de dicha problemática. El obispo se reunió con diputados opositores.
El presidente de la Pastoral Social, Jorge Lozano, advirtió hoy que los pueblos originarios son víctimas de «marginación, prejuicio y racismo», y aseguró que los gobiernos nacional y provinciales son «responsables» de las demoras en leyes que garanticen derechos básicos a esas comunidades.
El obispo hizo estas advertencias al recibir en la sede episcopal a diputados nacionales de la oposición y referentes sociales, que manifestaron su «preocupación» por la situación de los pueblos aborígenes, sobre todo de la comunidad qom en Formosa.
«Los pueblos originarios viven en la extrema pobreza, más de la mitad de los niños y adolescentes no están escolarizados. Tampoco tienen documentación ordenada y se les conculcan sus derechos más básicos», aseveró.
«Estos pueblos son víctimas de marginación, prejuicio y racismo», subrayó.
En una conferencia de prensa tras reunirse con los legisladores, Lozano afirmó que las demoras en el otorgamiento a estos pueblos de sus tierras se debe a «fuertes intereses económicos» y reiteró las denuncias de la Iglesia sobre «concentración» y «extranjerización» de la propiedad de la tierra.
Al referirse a las responsabilidades por la demoras en implementar el marco legal vigente para que les restituyan las tierras, el obispo respondió: «Comparten responsabilidades el gobierno nacional y los provinciales».
Lozano también destacó que el papa Francisco haya hecho «visible» la problemática qom al comunicarse por teléfono con Gustavo Vera, de la organización La Alameda, para interiorizarse sobre la situación del hijo del cacique Félix Díaz brutalmente golpeado.
El responsable de la Pastoral Social repasó la situación de las comunidades aborígenes junto a Victoria Donda (Libres del Sur), Alicia Ciciliani (Socialismo), Ricardo Alfonsín (UCR), Alfonso Prat Gay (Coalición Cívica-ARI) y Virginia Linares (GEN), quienes recientemente estuvieron en Formosa para conocer en el lugar la situación de la comunidad qom.
También estuvieron Cristina Calvo (GEN), Humberto Tumini (Movimiento Libres del Sur) y María Elena Barbagelata (FAP), además de Lía Zervino, dirigente laica por la Comisión Nacional Justicia y Paz.
Donda criticó que no se cumpla la ley que debe inventariar las tierras de pueblos aborígenes y que haya un presupuesto asignado que «no se sabe adónde va a parar».
La diputada también expresó «temor» ante la posibilidad de que haya «desalojos masivos de estos pueblos con la violencia que esto conlleva» y denunció que el 70 por ciento de la comunidad qom sufre «tuberculosis, chagas y una epidemia de dengue no declarada por el gobierno formoseño».
Mientras Alfonsín dijo que es «una inmoralidad» que el gobierno formoseño haya gastado dinero para construir un estadio único cuando los pueblos aborígenes «viven como se vivía en el siglo XIX», Prat Gay aseguró que casi 1.000.000 de argentinos de comunidades aborígenes viven «prácticamente al margen del Estado».
Ciciliani consideró «crucial» poder prorrogar el vencimiento de noviembre de 2013 para inventariar las tierras originarias y Linares dijo que pedirán al ministro del Interior, Florencio Randazzo, que envíe un camión para «documentar» a la comunidad qom, que sin DNI no puede acceder a programas sociales y sanitarios.
Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia convocó para mañana al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, y al cacique Díaz, para informarles lo resuelto en torno del reclamo de restitución de tierras efectuado por la comunidad originaria al Ejecutivo provincial.
La audiencia se concretará después de conocerse este sábado la muerte de Delina Díaz, sobrina del cacique QOM, quien «hace años estaba postrada en una cama, sin recibir atención médica».
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