Si algo enseñan experiencias como las de Videla o Ríos Montt, es que la justicia —la humana y la de la historia— puede tardar, pero siempre llega
Dos noticias, una proveniente de Guatemala y otra de Argentina, han producido durante los últimos días un sacudón en la memoria colectiva de los pueblos latinoamericanos. Una, fue la condena a 80 años de cárcel por genocidio y delitos de lesa humanidad dictada por la justicia guatemalteca contra Efraín Ríos Montt, el militar guatemalteco que gobernó su país entre 1982 y 1983. La otra, la muerte en su celda de otro militar, esta vez el argentino Jorge Rafael Videla, que gobernó su país entre 1976 y 1982.
Son muchas las similitudes que ambos dictadores compartieron cuando el poder omnímodo que ejercían sobre sus respectivos pueblos estaba en su apogeo. Ambos fueron los jefes supremos de los dos regímenes más sanguinarios de la historia latinoamericana, y eso no es poco en un continente cuya historia está jalonada por la abundancia de regímenes sanguinarios.
Las similitudes, sin embargo, no terminan ahí. Videla y Ríos Montt pasaron casi tres décadas en sendas batallas legales para eludir el peso de la justicia; ninguno dio alguna muestra de arrepentimiento; ambos se exhibieron siempre muy orgullosos de sus actos, y si lograron durante tantos años sobrevivir en una especie de limbo legal fue porque gozaron —Ríos Montt todavía goza— de la complicidad de una parte muy importante de la sociedad en cuyo nombre gobernaron.
En el caso de Videla, su largo pulseo con la justicia se inició ni bien terminó su mandato, en 1983, y sólo dos años después, en 1985 fue condenado a reclusión perpetua. Estuvo preso en un penal militar durante cinco años, pero en 1990 el entonces presidente peronista Carlos Menem (1989-1999) lo indultó. Gozó de ese beneficio hasta 1998, pero fue recién en 2010 cuando, después de atravesar por una especie de limbo jurídico, fue condenado a cadena perpetua y en 2012 a 50 años de prisión por el secuestro de niños.
Efraín Ríos Montt, por su parte, también estuvo durante los últimos 30 años haciendo valer sus vínculos con la casta militar y las élites económicas guatemaltecas para eludir la justicia en una batalla legal que aún no ha concluido, pues los seguidores del exdictador no pierden la esperanza de que el Tribunal Constitucional recurra a supuestos “errores procedimentales” para impedir que Ríos Montt muera, como su homólogo argentino, en una celda, como un delincuente común.
La experiencia boliviana y las fórmulas que escogió nuestro país para saldar deudas históricas con sus dictadores son muy diferentes. Por una parte, Bolivia se destacó por ser el país que más pronta y eficientemente sometió a juicio, condenó, persiguió y encarceló a uno de ellos, Luis García Meza. Pero paradójicamente, fue también el que más condescendencia mostró al absolver de pena y culpa y dar credenciales democráticas a otro de ellos, el Gral. Hugo Banzer.
De cualquier modo, y más allá de los casos personales, de las diferencias y similitudes, lo cierto es que si algo tienen en común los dictadores de todos los tiempos y lugares es que obnubilados por el poder suelen creer que sus actos están no sólo por encima del juicio de sus compatriotas, sino también al juicio de la historia. Un error en el que ningún gobernante, sea dictatorial o no, debiera caer.
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