Así lo dispuso la Cámara federal porteña, que investigará el accionar de las entidades financieras, sus responsables, la supuesta irresponsabilidad en la emisión de bonos y la fuga de divisas.
La Cámara Federal porteña revocó el sobreseimiento de un grupo de banqueros por el corralito de 2001 y ordenó reabrir la causa para dilucidar las posibles responsabilidades penales. Es una causa que tiene 11 años y había quedado archivada tras el sobreseimiento dictado por el juez Norberto Oyarbide.
Entre otras medidas, los camaristas ordenaron investigar si «la adquisición de títulos públicos con reservas -registradas a valor nominal cuando su cotización en plaza era mucho menor ante el temor de una entrada en cesación de pagos- fue uno de los motivos que impidieron a los bancos responder a sus compromisos, más allá del retiro masivo de los depósitos».
También que se incluya la posibilidad de la existencia de un «envío masivo de divisas al exterior» que también «hubiera contribuido a causar esa situación».
La causa había comenzado en el juzgado de instrucción en lo criminal del ex juez Mariano Bergés y luego fue derivada al fuero federal, donde terminó archivada por Oyarbide. Ahora la Cámara consideró que hay que continuar investigando por lo que revocó los sobreseimientos en el marco de la causa en el que más de 1.500 ahorristas reclaman penas para los banqueros.
La investigación proseguirá entonces para definir la responsabilidad de los banqueros Carlos González Taboada y Jose Dagnino Pastore, del entonces Banco Sudameris; Juan Manuel Sacerdote y Victor Zerbino, del entonces Bank Boston; José Cristofani, del entonces Banco Rio; Peter Baumman y Henry Gibbs por el Citibank; Alan Roderic Mc Donald por el entonces Scotiabank y Eduardo Escasany y Antonio Garcés, del Galicia.
El fallo establece que «lejos de haberse concluido la pesquisa, resta completarla de manera de analizar la totalidad de las hipótesis planteadas», en relación a «interrogantes que no se han despejado» sobre la responsabilidad de las entidades financieras.
La causa recaerá ahora en el juez a cargo del Juzgado Federal Nº7, Sebastián Casanello, quien deberá ordenar nuevas medidas de prueba y un peritaje contable, según dispuso la Cámara.
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