El organismo que dirige José Sbatella ocultó a la Justicia las operaciones sospechosas de dos firmas del empresario santacruceño: la petrolera Epsur y Austral Construcciones. El fiscal Marijuán ya había cuestionado a la unidad antilavado.
La Unidad de Información Financiera (UIF) evitó denunciar ante la Justicia durante los últimos dos años y medio a dos empresas de Lázaro Báez que habían sido reportadas por «actividades sospechosas» y que arrastraban serias anomalías societarias, según reveló el diario La Nación.
Se trata de la petrolera Epsur SA y la firma Austral Construcciones SA. Ambas figuran en la cartera de clientes que mostraba el contador y dueño de la financiera «La Rosadita», Daniel Pérez Gadín.
La alerta sobre estas dos empresas no es la única vinculada con Báez dentro del organismo que conduce Sbatella. Ya contaba con una, de 2006, proveniente de Liechtenstein, y varias de 2005, por las firmas Kank y Costilla SA y Gotti Hermanos SA, dos empresas del socio del ex presidente Néstor Kirchner.
En el caso de Epsur y Austral Construcciones, la UIF comenzó a moverse tras recibir el reporte de operación sospechosa (ROS) 2418/2010 y solicitó la colaboración de la Inspección General de Justicia (IGJ), que debe controlar a las sociedades comerciales en la ciudad de Buenos Aires.
El pedido de colaboración de la UIF llegó el 9 de agosto de 2010 a la IGJ, que apenas 15 días después envió la respuesta requerida por Epsur SA, en tanto que la información sobre Austral Construcciones fue demorada otros 15 días. Se fechó el 9 de septiembre de ese mismo año. Los datos dentro de la IGJ sobre ambas empresas resultan contundentes, para empezar, porque la empresa Austral Construcciones nunca presentó sus balances.
Según La Nación, Austral Construcciones, que a su vez figuró como accionista de Epsur cuando se constituyó, contaba a su vez con un capital social de apenas $ 12.000 y elevó en agosto de 2003 a $ 500.000, un monto con el cual debería afrontar cualquier juicio que se le haya iniciado o se le inicie en el futuro por reclamos laborales o eventuales incumplimientos en los contratos de obra pública que ganó por al menos $ 3000 millones a nivel nacional.
Por aquel entonces, la IGJ se encontraba bajo el mando de Marcelo Mamberti, un estrecho colaborador del ex jefe de Gabinete y actual senador nacional Aníbal Fernández, que cobró protagonismo con el «caso Ciccone» por el extravío o robo de los legajos de las sociedades The Old Fund, London Supply y la propia imprenta Ciccone Calcográfica.
La requisitoria de la UIF sobre Epsur y Austral Construcciones, en tanto, no fueron las únicas que recibió la IGJ por entonces. También la Justicia pidió datos sobre la constructora de Báez mediante un oficio que, de inmediato, se elevó a la «secretaría privada», según confiaron desde el organismo.
Sin embargo, la respuesta a ese oficio arrastra ya varios meses de demora. Al punto de que aún hoy -con Mamberti ya fuera de la IGJ y reemplazado por el camporista Norberto Berner- figura bajo «proceso de análisis» en el registro oficial del organismo que se encuentra disponible en Internet.
El fiscal federal Guillermo Marijuan ya cuestionó a Sbatella por su actuación frente a estas denuncias. «No quiero dejar de expresar también mi profundo malestar por advertir que los reportes de operaciones sospechosas son judicializados cuando ya el suceso es de público conocimiento por difusión mediática y o de cualquier otro tipo, todo lo cual, obviamente, conspira con el éxito de cualquier investigación», se quejó.
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