Human Rights Watch (HRW) es una de las organizaciones no gubernamentales (ONG) líderes en el mundo dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos. Su sede se encuentra en Nueva York, USA, y cuenta con oficinas en Beirut, Berlín, Bruselas, Chicago, Ginebra, Johannesburgo, Los Ángeles, Moscú, París, San Francisco, Tokio, Toronto y Washington, DC. La ONG -siempre cuestionada por Hugo Chávez Frías en Venezuela- acaba de difundir un documento titulado «Argentina: Debe modificarse el proyecto de ley que reestructura el Consejo de la Magistratura».
“Esta reforma le daría al partido gobernante en Argentina una mayoría automática en el Consejo que supervisa al poder judicial, lo cual compromete gravemente la independencia de la justicia”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). Seguidora de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Human Rights Watch se opone a las violaciones de derechos humanos básicos, que incluyen la pena capital y la discriminación basada en la orientación sexual. Human Rights Watch defiende las libertades en relación con los derechos humanos fundamentales, tales como la libertad de religión y de prensa.
Human Rights Watch y Amnistía Internacional son las 2 únicas organizaciones internacionales de derechos humanos de Occidente que operan en todo el mundo en la mayoría de las situaciones de opresión o abuso grave. Aunque son aliados cercanos, los 2 grupos desempeñan funciones complementarias, lo que supone una división del trabajo.
Human Rights Watch fue acusada en 2008 por parte del gobierno de Venezuela a través de sus ministros de Relaciones Interiores y Exteriores, Tarek El Aissami y Nicolás Maduro respectivamente, de estar «inmiscuyéndose ilegalmente en los asuntos internos» del país suramericano, por lo que sus representantes fueron expulsados del país.
Por su parte, el entonces ministro de Comunicación e Información y presidente de TeleSUR, Andrés Izarra, calificó a Human Rights Watch como «una fachada de la injerencia estadounidense en Venezuela» y les acusó de estar al servicio de «los intereses más bastardos de la oligarquía venezolana al servicio de los intereses imperiales».
Desde 1993, el director ejecutivo de Human Rights Watch es Kenneth Roth. Su padre huyó de la Alemania Nazi en 1938. Roth empezó a trabajar en derechos humanos después de la declaración de la ley marcial en Polonia en 1981, y posteriormente se involucró en asuntos en Haití.
Desde Washington DC, la ONG difundió una declaración sobre la reforma judicial de Cristina Fernández de Kirchner:
El Congreso argentino debería rechazar los proyectos de reforma del sistema de justicia presentados por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner porque limitarían la independencia judicial en el país, indicó hoy Human Rights Watch.
La Presidenta Fernández de Kirchner presentó al Congreso el 8 de abril de 2013 una serie de proyectos legislativos para reformar el sistema judicial argentino. El paquete incluyó un proyecto que limitaría la posibilidad de los individuos de solicitar medidas cautelares contra actos gubernamentales, y otro que modifica la composición y el proceso de selección de miembros del Consejo de la Magistratura, un organismo que se ocupa de seleccionar a magistrados y decidir la apertura de los procedimientos para su remoción. La semana pasada, el Senado aprobó ambos proyectos, que el 24 de abril serán tratados en la Cámara de Diputados.
“Esta reforma le daría al partido gobernante en Argentina una mayoría automática en el Consejo que supervisa al poder judicial, lo cual compromete gravemente la independencia de la justicia”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Si se realizan elecciones para designar a los miembros del Consejo, deben celebrarse de un modo que garantice que no sean politizadas”.
Uno de los proyectos ampliaría de 13 a 19 la cantidad de miembros del Consejo de la Magistratura, al añadir un abogado y cinco representantes de los “ámbitos académico o científico” a la composición actual. Hoy, el Consejo está conformado por tres representantes de jueces, dos de abogados, uno del ámbito académico o científico, uno del ejecutivo y seis legisladores. Las decisiones relativas a la designación y remoción de jueces se adoptarían por mayoría absoluta de los votos (10 del total de 19 miembros).