Hoy se conocería el fallo de la Sala I de la Cámara Civil y Comercial Federal que declararía la inconstitucionalidad de los artículos 45 y 161 de la de medios audiovisuales, revocando el fallo en sentido inverso del juez Horacio Alfonso. Esta resolución judicial favorable a Clarín explica en buena medida el apuro de la presidente
El gobierno ha invertido miles de millones de dólares, para destruir a Clarín , no por un mero capricho sino por una decisión vital a la hora de sobrevivir «ocultado la estrepitosa corrupción» de un gobierno que de Nacional y Popular no tiene nada. Sino de mentiras constantes, y es menester obviamente controlar a los medios .
Pero el tema va mas allá, necesita esta reforma «para presionar a la Corte Suprema» de extorsionarla lisa y llanamente en lo que es un Golpe de Estado al Poder Judicial. Al respecto, el periodista y ex-agente de la SIDE Guillermo Cherahsny da en detalles la estrategia del Gobierno y lo que vendrá .
La elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura queda para el 2015.
Hoy se conocería el fallo de la Sala I de la Cámara Civil y Comercial Federal que declararía la inconstitucionalidad de los artículos 45 y 161 de la de medios audiovisuales, revocando el fallo en sentido inverso del juez Horacio Alfonso. Esta resolución judicial favorable a Clarín explica en buena medida el apuro de la presidente, cuando aún no se sabía el número de muertos que la inundación había causado en La Plata, para lanzar el lunes pasado la denominada “democratización de la justicia”, con seis proyectos de leyes enviados al Congreso. Entre éstas hay tres que son relevantes: la elección popular de parte de los miembros del Consejo de la Magistratura, el severo régimen restrictivo de las medidas cautelares y la creación de tres nuevas Cámaras de Casación. Para contar con mayoría en el Senado, el gobierno no tendría dificultad, lo que no ocurriría en Diputados, donde habría dificultades que se solucionarían en los próximos días. En definitiva, las nuevas leyes serían promulgadas en los primeros días de mayo. Se da por descontado que múltiples entidades de abogados plantearán entonces recursos de inconstitucionalidad. En este punto ya hay debates sobre las vías procesales a seguir. Algunos opinan que, como el control de constitucionalidad en nuestro sistema es difuso, cualquier juez del fuero que sea podría declarar la inconstitucionalidad estas leyes. Si bien ésta es la idea predominante, otros juristas sostienen que la impugnación de la elección popular de los nuevos miembros del Consejo de la Magistratura es de competencia electoral y debe ser presentada ante los juzgados federales electorales de cada jurisdicción. En el caso de Capital, ante la jueza federal María Servini de Cubría, cuya cintura política es reconocida pero que sería puesta a prueba en esta ocasión.
Si por ejemplo el juez federal electoral de Buenos Aires, Manuel Blanco, declarara inconstitucional la ley, el gobierno nacional podría interponer el flamante recurso de per saltum para llegar rápidamente a la Corte. Ésta, a su vez, debería optar entre admitir o rechazar el recurso. En el primer caso, el máximo tribunal podría aplicar la cronoterapia, es decir, el paso de bastante tiempo, antes de pronunciarse, con la idea de administrar los efectos políticos de un fallo que será resonante. La posibilidad de apelar a la cronoterapia se vería favorecida por el hecho de que no existe urgencia, ya que el artículo 3° del proyecto es claro en cuanto a que la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura tendrá lugar “en forma conjunta y simultánea con las elecciones nacionales en las cuales se elija presidente”. Esto es, en el 2015, por lo cual no habrá una instrumentación inmediata de la norma y el debate judicial puede entonces prolongarse largamente. Ésta sería una perspectiva en el caso, muy probable, de que el expediente llegue a la Corte durante la próxima campaña electoral. Aun con puntos de vista diferentes, los ministros de la Corte estarían de acuerdo en que el gobierno pretende colonizar el poder judicial y hasta Eugenio Zaffaroni estaría cada vez más disgustado.
Cautelares, hacia una crisis judicial
En cuanto a la ley que restringe las cautelares, ahí sí cualquier juez puede declarar la inconstitucionalidad. Entonces el gobierno podría intentar -una vez más- estrenar el flamante per saltum para acceder a la Corte. Pero, cronoterapia mediante, es probable que la tendencia de la Corte sea dejar para después de las elecciones de octubre el fallo sobre la ley de medios, la de elección popular de los integrantes del Consejo de la Magistratura y también la que restringe las cautelares. Desde el punto de vista del funcionamiento de la justicia, la única de estas causas cuya resolución sería urgente es la relativa a las cautelares. Ayer, camaristas de distintos fueros ya advertían acerca de que la multiplicación de sentencias contradictorias a favor y en contra de la futura ley podría provocar un desorden generalizado en Tribunales.
Es obvio que el cristinismo jugará fuerte para que las leyes de la reforma judicial no sean declaradas inconstitucionales. Sin embargo, dos meses atrás, el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, declaró públicamente que leyes aprobadas por mayorías parlamentarias pueden ser declaradas inconstitucionales. Desde tiempo atrás el oficialismo les da crédito a los rumores que señalan que Lorenzetti incuba aspiraciones presidenciales. De ser así, la gran oportunidad del jurista santafesino para tomar el tren de la historia estaría cerca, ya que podría sumar a sus colegas a un criterio unificado sobre estas causas. Si finalmente la Corte se pronunciara contra el gobierno -cronoterapia mediante- en estos expedientes de la mayor trascendencia, los efectos políticos serían trascendentes
