El secretario de Comercio fijó el precio de ayer como tope para los próximos seis meses y amenazó a los empresarios con aplicar la Ley de Abastecimiento. El presidente de YPF dijo hace un mes que la compañía necesitaba aumentar los precios.
Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con el sector, Guillermo Moreno decretó un congelamiento de precios de los combustibles líquidos por 180 días. Es decir, hasta pocos días antes de las elecciones legislativas nacionales.
“El precio tope de comercialización de los hidrocarburos líquidos a aplicar por todos los expendedores (…) será el que resulte igual al más elevado del día 9 de abril”, indica la resolución 35 publicada hoy en el Boletín Oficial.
La disposición de Moreno sostiene que «se torna imprescindible dictar una política tendiente a determinar el precio de los combustibles líquidos, evitando de esta manera que se produzcan desajustes en los montos que deban abonar los consumidores».
Sin embargo, esa posición está en la vereda opuesta a la del presidente de YPF, Miguel Galluccio. En febrero, el titular de la firma había aclarado que los combustibles no están comprendidos en el congelamiento de precios y desafió a Moreno diciendo que “los aumentos seguirán el rumbo que requiera la compañía y la industria”.
En ese momento ya se especulaba con un aumento de los combustibles de YPF para mediados de marzo. Como la empresa es la líder del mercado, suele marcar el ritmo de los aumentos para las demás firmas.
En diciembre, antes de aplicar un incremento del 7%, Galuccio sostuvo que “por supuesto que requeriremos ir aumentando los precios en las estaciones de servicio”. “La frecuencia (de las subas) estará dada por las condiciones de mercado”, agregó.
Pero el presidente de YPF tendrá otro problema aún más grave y es que, según anunció ayer, la compañía deberá importar un 6% de combustibles por el freno a la producción que provocó la explosión en la refinería de Ensenada. Se daba por descontado que para poder realizar esas compras al extranjero se aumentarían los precios.
Advertido de la oposición que encontrará en el sector, Moreno aclaró en los fundamentos de la resolución que podría aplicar la Ley de Abastecimiento a quien no acate la medida. “La Ley Nº 20.680 constituye una herramienta jurídica eficaz para sistematizar las relaciones entre los agentes económicos, especialmente en la prevención o represión de conductas especulativas o distorsivas en la provisión de productos y servicios, así como también respecto de sus precios”, afirmó el secretario de Comercio y les recordó a los empresarios que puede “dictar normas que rijan la comercialización, intermediación, distribución y/o producción”.
La norma firmada por Moreno divide al país en seis regiones, en las cuales se mantendrán diferentes precios: Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Patagónica ( Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur); Pampeana (Córdoba, Santa Fe y La Pampa); Cuyo (San Juan, San Luis y Mendoza); Noroeste (Jujuy, Salta, La Rioja, Tucumán, Catamarca, y Santiago del Estero); y Noreste (Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes y Entre Ríos).
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