Durante 2012, el Poder Ejecutivo gastó en ejecutar todas sus políticas de comunicación un total de 7780 millones de pesos, es decir, 21 millones de pesos por día.
La mitad de esa suma, unos 3650 millones de pesos, fue destinada a construir la red AR-Sat de estaciones digitales y antenas, mientras que la otra mitad se aplicó a los programas Futbol para Todos (1228 millones); a los medios públicos Canal 7, Télam y Radio Nacional (900 millones); publicidad oficial (822 millones); Incaa (560 millones); TV Digital abierta (350); la Afsca (170 millones), y las señales de TV Encuentro y Paka Paka (100 millones).
Todo ello surge de un muy extenso y pormenorizado informes sobre las Limitaciones al Ejercicio de Libertad de Expresión 2012, que hoy presentará la Fundación Libertad de Expresión + Democracia (LED).
El relevamiento detalla 371 casos de violaciones a esa libertad que tuvieron lugar durante 2012, entre los que figuran ataques, agresiones físicas, amenazas e intimidaciones a periodistas y medios; negativas del Gobierno a facilitar el acceso a la información, y numerosos casos de discriminación.
«La tendencia del Gobierno fue incrementar las partidas año tras año para privilegiar en su asignación a medios de comunicación con líneas editoriales que promueven las políticas oficiales sin cuestionarlas. En contrapartida, sigue una decidida tendencia a disminuir la pauta a medios que mantienen una línea independiente», sostiene el informe.
Entre los más beneficiados figuran el Grupo Spolsky, que en el primer cuatrimestre de 2012 recibió 847 por ciento más de dinero para publicidad que en igual período de 2011, y el Grupo Uno, de Vila-Manzano, cuya pauta creció 114 por ciento, mientras que.
El informe revela que un estudio de la Auditoría General de la Nación concluyó que «el Estado no sigue criterios específicos que justifiquen la distribución y asignación de publicidad», con lo cual el incremento de 1778 por ciento que experimentó la pauta oficial entre 2003 (46 millones) y 2012 (822 millones) no se ciñó a ningún parámetro objetivo, sino que fue totalmente discrecional.
El informe también denuncia que el programa Fútbol para Todos, tanda que se difunde durante las transmisiones de ese deporte y que insume 3,3 millones de pesos diarios, sirvió para difundir «propaganda con énfasis en la figura presidencial, proselitismo partidario y agravios de todo tipo»
El gobierno nacional sigue haciendo uso y abuso de la propaganda oficial utlizando nuestros fondos para ocultar la situación del país cuando la realidad está cruzada por datos preocupantes de la economía, la falta de empleo, la inflación y la inseguridad.
Mientras insiste en campañas marketineras (maquillaje), en nuestro país los docentes reciben salarios insuficientes, el estado de los hopitales públicos continúa siendo calamitoso o las rutas siguen intransitables.
El kirchnerismo continúa con el despilfarro de dinero público, como si aquí se viviera en los cantones suizos y nuestra realidad marca todo lo contrario. Ni siquiera usan su propio dinero o el de sus testaferros, utilizan los fondos públicos que le pertenecen a todos los que trabajamos y aportamos al estado, y que deberían ser utilizados para que esos fondos retornen, ya sea en un gasto público adecuado o en implementar políticas de desarrollo.
