Se impone cuanto antes una relación más madura con el mundo, sin demagogia ni ocultamiento de la realidad.
Pocos días después de que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunciara por la cadena nacional de radio y televisión que la Argentina renegociaría su deuda con los países del Club de París sin la intervención del FMI, el Gobierno acordó la asistencia técnica de este organismo de crédito para la elaboración de un nuevo índice de precios.
Este último anuncio puede interpretarse como una forma encubierta de amoldarse a las exigencias que el Club de París determina para los procesos de renegociación de deuda. Resulta claro que si la Argentina pretende cancelar su deuda en default, del orden de los 7000 millones de dólares, con ese grupo de naciones de otra forma que no sea al contado, deberá someterse a las auditorías del FMI.
Durante años, los gobiernos kirchneristas se negaron a proporcionarle información al ente financiero internacional, pese a que, en calidad de miembro de él, nuestro país se encuentra obligado a hacerlo. Esta situación podía motivar sanciones contra la Argentina por incumplir con las fiscalizaciones básicas que establece el artículo IV del acuerdo constitutivo del FMI para los países que integran el organismo.
La Argentina también está obligada a cumplir con esa exigencia en tanto integrante del G-20, del que se temió que pudiera ser removida y reemplazada por Chile si no solucionaba el problema de su deuda con el Club de París.
No puede menos que llamar la atención que las autoridades argentinas, finalmente, hayan accedido a proporcionarle indirectamente al FMI la información sobre las estadísticas oficiales que durante años le negaron.
El acuerdo con el Fondo para recibir asistencia técnica en el armado de un nuevo índice de precios sorprende también, toda vez que el gobierno nacional les había encargado tiempo atrás a varias universidades nacionales un informe sobre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Este estudio estuvo concluido hace aproximadamente dos meses ysólo ayer sus autores fueron recibidos por el ministro de Economía, Amado Boudou.
También sorprende la decisión de convocar al FMI teniendo en cuenta que la Argentina, hasta antes de 2007 tuvo un índice de precios confiable. Una manera de devolverle a ese índice buena parte de la confianza perdida sería restituir en sus funciones a muchos de los técnicos del Indec que fueron despedidos, presuntamente por negarse a facilitar las manipulaciones tendientes a distorsionar aquel índice y disimular así los aumentos que experimentaran los precios de la economía.
Con todo, la medida debería ser bien recibida si a lo que se apunta es a normalizar las relaciones económicas de la Argentina con el mundo y, más específicamente, con un organismo internacional de crédito al que muchas veces se le echó la culpa de nuestros propios errores. Se impone cuanto antes una relación más madura.
El doble discurso de nuestros gobernantes ha ido ya muy lejos. Cabe recordar que el gobierno de Néstor Kirchner canceló de contado y anticipadamente, sin que nadie se lo reclamara, la totalidad de la deuda con el FMI pese a que la tasa de interés que se pagaba era notoriamente inferior a la que debió pagar después nuestro país a otros prestamistas como el gobierno venezolano.
Durante demasiado tiempo, también, las autoridades argentinas, de la mano de un Indec manejado muy poco profesionalmente, han pretendido ocultar una dolorosa realidad, signada por una elevada inflación. Ese ocultamiento basado en groseros falseamientos estadísticos posibilitó también una distorsión general en numerosas variables económicas; entre ellas, la pobreza y la indigencia.
Muchas dudas hay de que el gobierno argentino esté dispuesto a un sinceramiento estadístico, especialmente de cara a un año electoral. Sin embargo, resulta indispensable que el país deje de una vez por todas la demagogia y una mentira que ya tiene patas demasiado cortas, tanto para cualquier ciudadano propio como para el mundo financiero.
Fuente: lanacion