El vasto operativo de la Fuerza Nacional de Seguridad permitió un aumento de los arrestos. Y se trasladó a otros sitios a cabecillas de las mafias. Pero sólo se consiguió hasta ahora disminuir, pero no detener los ataques.
El vasto operativo de la Fuerza Nacional de Seguridad desplegado en el estado de Santa Catarina y su capital Florianópolis, conmovido por varios días de violencia, no arrojó hasta ahora grandes resultados. Disminuyeron, pero no desparecieron, los ataques de grupos narcos. Hubo un traslado masivo de cabecillas de las facciones delictivas a cárceles de extrema seguridad lejos de ese centro veraniego, y fueron detenidas una veintena de personas en varias ciudades catarinenses. Un dato llamativo fue el arresto de 5 abogados de Florianópolis, 2 hombres y 3 mujeres, de quienes se sospecha un “posible” vínculo en la onda de delitos contra los ciudadanos comandada por las organizaciones de la droga.
El sábado policías y miembros de la fuerza nacional ocuparon las calles de la capital, Blumenau y Joinville, otras dos grandes ciudades, especialmente para frenar los atentados contra el transporte público. Y aun así se registraron algunos incidentes, como el ocurrido en la localidad de Tubarao, a 140 kilómetros de Florianópolis, donde una banda atacó a un policía militar y quemó su auto. Lo cierto es que la población no ha recuperado la confianza y recela de la eficacia de las medidas adoptadas por el gobierno de ese estado, que la semana pasada debió pedir auxilio en Brasilia. De hecho hoy seguirán suspendidas las clases nocturnas en colegios y en las facultades. Según se informó ayer la Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC) mantendrá la cancelación de las actividades hasta no tener garantías plenas para sus alumnos. Tampoco estaba claro hasta anoche si el transporte retornaría a la normalidad. El procedimiento ideado por el gobierno provincial, de colocar escoltas policiales para los ómnibus que se desplacen en horarios complicados –antes de las 7 y después de las 19—se reveló poco práctica y difícil de sostener en el tiempo.
Los abogados detenidos permanecían hasta ayer en dependencias policiales, pero deberán ser enviados a presidios comunes. La filial catarinense de la Orden de Abogados de Brasil, el poderoso colegio profesional, indicó que sigue de cerca la situación de sus afiliados. La entidad había repudiado públicamente las declaraciones de funcionarios policiales, quienes acusaron a los presos de valerse de su profesión para “servir” al delito organizado. Lo cierto es que los profesionales, según investigaciones previas, podrían haber ejercido el papel de correos entre los líderes narcos presos y las células del Primer Grupo de Comando, PGC, como se denomina a la banda que opera en el tráfico de drogas de Santa Catarina.
El gobernador provincial, Raimundo Colombo, se había manifestado el sábado en forma optimista. Dijo que con las acciones emprendidas “estamos quebrando la espina dorsal del delito organizado”. La apreciación según sugirieron especialistas parece “algo exagerada”, aun cuando la ofensiva policial no se limite a frenar la ola de ataques.
Ayer continuaron las acciones en las carreteras que cruzan el territorio catarinense. Inclusive, los operativos se extendieron hasta los límites de ese estado con otros vecinos, como Río Grande del Sur. El objetivo, dijeron las autoridades, es evitar la entrada de armas y de drogas, y “asfixiar” económicamente a los narcos. La historia demuestra que tal asfixia sólo puede provenir de una acción coordinada en todo el país. Mientras se realizaban esos operativos, en San Pablo fueron detenidos miembros del calificado Departamento de Investigaciones sobre Narcóticos (DENARC) sospechados de desviar droga secuestrada por la policía hacia grupos de traficantes; un indicio de las raíces de esta actividad delictiva en los distintos niveles del poder formal.
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