La falta de controles sigue poniendo en jaque tanto a Nación como a Provincia. “No notamos que quieran hacer algo para mejorar nuestra calidad de vida”, dijeron desde una ONG vecinal.
¿Va mejorar el tema de la seguridad? Todo parece indicar que este 2013 irá de mal en peor.
Por un lado, hay un Gobierno nacional que no atiende los continuos reclamos de la sociedad y tiene a cargo de dicha cartera a Nilda Garré, una exguerrillera a la que no le tembló el pulso cuando tuvo que usar las armas en los años setenta.
El otro lado de la moneda muestra a las autoridades provinciales totalmente sobrepasadas por la situación, sin brindar ningún tipo de respuestas y con un conurbano que es epicentro de la violencia y el narcotráfico -el municipio de Quilmes es una clara muestra de esto último, con cuatro muertes en apenas quince días-.
Las estadísticas no mienten en absoluto: según un informe de la Procuración de la Suprema Corte bonaerense, sólo en el primer semestre del año pasado se registraron 14.263 investigaciones penales preparatorias (IPP) en el Fuero Penal Juvenil. Claramente, se trata de uno de los estratos sociales en donde el flagelo golpea con más fuerza, a punto tal de que, en el mismo lapso de tiempo, se denunciaron 125 homicidios con participación de menores (lo que da un homicidio cada 36 horas).
Frente a esta escalada de violencia -cuya raíz se extiende en los sectores de menores recursos- no son pocos los vecinos que alzaron su voz en reclamo de mayores medidas, tanto al Gobierno kirchnerista como al sciolista.
“No me voy a olvidar más el día que nos recibió -el ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia, Ricardo- Casal en La Plata. Me acuerdo que él decía que entre los tres municipios más candentes en el tema de inseguridad estaban Lanús, Quilmes y La Matanza. Recuerdo también que las promesas de él siguieron siendo promesas, porque vinieron tres patrulleros y gendarmes al distrito y, obviamente, los patrulleros después se destruyeron y los gendarmes a los quince días se retiraron”, subrayó a Hoy el vecino de Bernal (Quilmes) y uno de los referentes de Provincia Insegura, Héctor Hugo Salinas.
Salinas dejó en claro también que desde Provincia Insegura, “sostenemos que todo el aparato policial, judicial y político mira para otro lado o tiene esa gran parálisis. No notamos que quieran hacer algo para mejorar nuestra calidad de vida”. Y añadió: “Somos más de treinta municipios que logramos entender esa metodología repudiable que tienen los políticos y de a poco tratamos de ir haciéndoles entender a cada uno de los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires que la única forma de cambiar esta triste realidad es uniéndose”.
En la misma sintonía, el secretario general del Sindicato Policial de Buenos Aires (Sipoba), Nicolás Masi, aseguró a este diario que “la situación es crítica, tenemos un Gobierno que es autista. Y más allá de que sea autista, está de rodillas ante el Gobierno nacional porque no hay recursos”.
“No tenemos las fuerzas policiales que hay que tener: tenemos alrededor de 53 mil efectivos, cuando la media tendría que ser de 65 mil”, apuntó Masi, remarcando además que “la seguridad es un problema serio como lo es la educación, la salud y la justicia.
Los cuatro pilares que tienen que mantener al Estado no están manteniéndolo como es debido, y por eso éste está haciendo agua por todos lados”.
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