Ivan Coleff, quien está a cargo de la causa por la toma de los establecimientos culturales, solicitó detener hoy a los artistas ocupantes. Buscan normalizar las actividades
El fiscal que tramita el expediente judicial por la ocupación de la sala Alberdi y del ingreso al CC San Martín requirió que el edificio sea allanado para desalojar y detener a los grupos de artistas que obstruyen el normal desarrollo de las actividades, y que enfrentan acusaciones por usurpación. Como el procedimiento fue pedido para que sea ejecutado hoy, no se descarta que el juzgado decida qué hacer en las próximas horas.
Entre los argumentos esgrimidos, el fiscal Iván Coleff recordó que, hasta el momento, aquellos que tomaron la posesión del centro cultural (cuatro en la sala Alberdi y 40 en el acceso de Sarmiento 1551) impidieron su identificación.
Además, observó que los militantes entraron «ejerciendo violencia física sobre el personal de seguridad privada […] como así también la rotura y el posterior derribe de la reja corrediza» colocada en el ingreso a la dependencia, de acuerdo a lo que exponen las filmaciones adjuntadas al expediente, que instruye el juez penal Norberto Tavosnanska.
Por otra parte, señaló que fueron colocadas carpas y un grupo electrógeno «con la intención de permanecer en el lugar», el cual presenta malas condiciones de higiene como suciedad, orina, desperdicios y materia fecal.
Con respecto a la sala Alberdi, ubicada en el sexto piso, «habría personas viviendo en condiciones totalmente precarias e inseguras».
Al respecto, la directora del centro cultural, Gabriela Ricardes, se mostró preocupada ante el aparente «peligro que representa esta toma para el personal» del establecimiento. Por ello, en una resolución reciente decidió mantener cerradas todas las actividades teatrales y de talleres hasta que la Justicia resuelva la cuestión.
La toma de la sala Alberdi se produjo en 2010, y es anterior al ingreso al centro cultural; por entonces, el gobierno porteño intentó mudar las actividades de la sala, para proceder a su refacción. En un principio, reconocen las autoridades, hubo alumnos y docentes entre los ocupantes, pero ahora ya no queda ningún trabajador ni asistente de los talleres entre los que realizan la medida de fuerza.
La evolución del caso llevó a su judicialización, donde la jueza Fabiana Schafrik ordenó que se efectivizara el traslado. La medida continúa incumplida. Por ello, al finalizar la feria judicial, el fiscal Coleff solicitó desalojar los espacios tomados y detener a todos los militantes, operativo que será comandado hoy personalmente por el jefe de la Policía Metropolitana.
Fuente: Infobae