Una lluvia de críticas procedente de las comunidades mapuche, de las organizaciones de derechos humanos y de los políticos de la oposición ha caído sobre el Gobierno que preside Sebastián Piñera, que sigue optando por la aplicación de la Ley Antiterrorista, creada durante la Dictadura de Augusto Pinochet.
La decisión gubernamental se tomó después de que un grupo de encapuchados incendiara la casa donde vivían el empresario Werner Luchsinger, de 75 años, y su esposa Vivianne Mckay, situada en la región de La Araucanía, a unos 700 kilómetros al sur de Santiago. Como consecuencia del incendio, que tuvo lugar durante la madrugada del pasado viernes, murió el matrimonio descendiente de colonos suizos.
La Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile ha declarado la alerta en la zona sur del país ante los últimos ataques. Miembros de la asociación cortaron este lunes los accesos a Temuco, la capital de la Araucanía. Según el diario chileno ‘El Mercurio’, desde agosto de 2012 ha habido en el sur de Chile, al menos, una veintena de quemas de camiones, cabañas, terrenos y material agrícola y forestal, a lo que el Gobierno de Sebastián Piñera ha decidido poner fin.
«Hemos comprobado una discrepancia con respecto a los presidentes de los partidos de la oposición, en relación con la invocación que ha hecho el gobierno de la Ley Antiterrorista. Respetamos la opinión distinta que tengan los partidos de la oposición y la Concertación, pero el gobierno está decidido y claro en continuar con las acciones judiciales a través de la Ley Antiterrorista».
Con esas palabras, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, ha intentado acallar a los líderes de la oposición, Osvaldo Andrade (Partido Socialista); Ignacio Walker (Democracia Cristiana); José Antonio Gómez (Partido Radical Social); al vicepresidente del Partido Por la Democracia, Pepe Auth; y al representante del Partido Comunista, Guillermo Teillier, quienes se reunieron durante el fin de semana para mostrar sus diferencias por la aplicación de La Ley Antiterrorista.
«Le transmitimos (al gobierno) que no compartimos aplicar estados especiales y que la Ley Antiterrorista no contribuye a la solución, sino más bien termina por encender los ánimos en la región», manifestaron. A lo que el ministro del Interior, extrañado porque los políticos de la oposición permitieron la aplicación de la Ley Antiterrorista contra comuneros mapuche durante el gobierno de Michelle Bachelet, ha contestado: «El (instrumento) más oportuno es la aplicación de la Ley Antiterrorista, pero no descartamos hacia el futuro tener que recurrir a otros elementos jurídicos».
Cumbre de diálogo
El intendente de La Araucanía, Andrés Molina, ha asegurado que la policía está a punto de dar con los responsables de los atentados que están afectando al sur de Chile durante los últimos días, y acusa a algunos grupos de encapuchados de ser quienes están operando en las provincias de Cautín y de Malleco. Según el intendente hay «integrantes de grupos operativos que han tenido contacto con algunas ONG o han estado en Colombia».
La Coordinadora de Arauco Malleco (CAM), la agrupación mapuche más importante de Chile, se ha desligado de la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay en su página web ‘Revolución 3.0’ y ha señalado que «algunos grupos de mapuche podrían estar siendo manipulados para actuar». «Como CAM rechazamos, nuevamente, dichas acciones y aseguramos que ellas solo sirven a los intereses del empresariado y del Gobierno que defiende sus intereses»
«No nos queda más que pensar en la tesis de la infiltración derechista de algunos grupos, cercanos a las comunidades mapuche, a través de operadores que pudiesen estar instigando a cometer acciones que sirvan de excusa para reprimir y detener el avance hacia la reconstrucción del Pueblo Mapuche y su liberación nacional», añade el comunicado público.
Juana Calfunao, la lonko (jefa) de la Comunidad Juan Paillalef, una de las mujeres mapuche más influyentes de Chile, ha escrito una carta al presidente del país, Sebastián Piñera, en la que critica la actuación del Gobierno: «Mi comunidad, mi familia y yo personalmente he sufrido numerosos atentados de esa naturaleza; elementos desconocidos quemaron tres veces mi casa; en uno de estos incendios encontramos calcinados los restos de mi tío Basilio Coñonao».
«Sin embargo, cuando somos los mapuches los afectados debemos lamentar la insensibilidad de las autoridades y la indolencia de los medios de comunicación. En estos casos, como el mío propio, no existen visitas del Presidente chileno, ni de sus Ministros y Parlamentarios ni se decreta el estado de sitio y mucho menos se les aplica a los autores la ley antiterrorista. No obstante, tenemos que seguir escuchando de las autoridades políticas de Chile que existe ‘igualdad ante la ley», dice la carta.
«La terrible injusticia que originó la anexión ilegal de nuestra Nación Mapuche a la jurisdicción del estado chileno hace 130 años, lo cual causó el empobrecimiento crónico que venimos sufriendo las comunidades desde entonces. Esta anexión ilegal nos quiso arrebatar nuestra identidad nacional y nos condenó a una vida sin dignidad que nos ha dejado en la total indefensión, criminalización y judicialización de nuestras demandas, por parte del estado chileno».
Diversas organizaciones mapuche han convocado una cumbre de diálogo para el próximo 16 de enero, a la cual serán invitados el presidente de Chile, Sebastián Piñera, así como diversos miembros de su gabinete y representantes del Poder Legislativo y Judicial. El evento tendrá lugar en cerro Ñielol, en la ciudad de Temuco, a unos 700 kilómetros al sur de Santiago.
El representante del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, uno de los organizadores de la Cumbre, ha manifestado que «esperamos que esta cumbre pueda ser un gran acontecimiento para la búsqueda de la solución a la situación mapuche, estamos convencidos que esta situación de conflictividad y violencia no puede continuar. Tenemos una responsabilidad los mapuche, órganos del estado y el conjunto de la sociedad chilena».
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